La Asamblea aprobó ayer dos reconocimientos extrajudiciales de crédito para pagar unas 250 facturas atrasadas de los años 2014, 2015 y 2016 que no fueron abonadas por la Ciudad Autónoma a los proveedores en el ejercicio económico que correspondía. Todas estas facturas atrasadas suman 2.939.553 euros tras recibir la mayoría suficiente de los votos de PP y Grupo Mixto, ya que los tres partidos de la oposición, Coalición por Melilla (CPM), PSOE y Ciudadanos (Cs) votaron en contra. Los tres grupos coincidieron en criticar el uso continuo y “recurrente” de esta herramienta por parte del Ejecutivo cuando a su juicio debería ser un procedimiento excepcional. Sin embargo, este año es la segunda vez que el Gobierno melillense la utiliza, elevando a “cuatro o cinco” los reconocimientos aprobados en esta legislatura. Ya advirtió ayer que no será la última, ya que dentro de dos días, la Asamblea volverá a debatir la aprobación de más reconocimientos extrajudiciales, según avanzó la consejera de Hacienda, Esther Donoso.
CPM, PSOE y Cs coincidieron en que las facturas hay que abonarlas por ser bienes y servicios prestados por empresas que deben ser cobrados para evitar un “enriquecimiento injusto” de la Ciudad Autónoma, pero insistieron en que esta administración debe pagar en tiempo y forma y no fuera del máximo de 30 días que marca la Ley.
El portavoz de CPM, Hassan Mohatar, rechazó que el Gobierno del PP recurra como “tónica general” a la cuenta 413, con la que se pagan las facturas atrasadas, aun cuando el líder popular, Mariano Rajoy, se mostró partidario de aplicar “mano dura” contra quienes mantienen guardadas las facturas “en un cajón”.
Moralmente ilegales
Además, argumentó el rechazo de su partido porque considera que estas facturas “moralmente son ilegales”, al tiempo que avanzó que algunas de ellas serán investigadas por los servicios jurídicos cepemistas por las dudas que les generan, ya que sospechan que algunos de los servicios “se los han sacado de la chistera”.
Otra de las razones que esgrimió CPM es que la adjudicación de contratos menores, que no precisan de un concurso público, “favorecen siempre a las mismas empresas”. “Nosotros no estamos en contra de ninguna empresa, sino de que siempre trabajen las mismas y que la Ciudad Autónoma sea su único cliente”, explicó Mohatar, que reclamó que el dinero público “se reparta entre todas las empresas de Melilla y si es por procedimiento público, mucho mejor”.
Facturas “infladas”
Cs coincidió con esta crítica, ya que su portavoz, Eduardo de Castro, habló de “empresas amigas” que se ven “más favorecidas” por la Ciudad Autónoma. Además, consideró que algunas de las facturas “están muy infladas”, algo que el portavoz cepemista ya había alegado minutos antes al afirmar que una es de la compra de una silla de ruedas por 3.000 euros más de lo que cuesta en el mercado.
De Castro lamentó también que la información “llega tarde y de forma opaca” cuando la oposición pregunta por algunas de ellas. “Hay que pagar a la gente en tiempo y forma, pero este procedimiento se está usando de forma ordinaria y continuamente”, aseveró.
Baja el volumen
El portavoz del PP, Daniel Conesa, negó las afirmaciones de la oposición y advirtió de que son “mucho más que una mentira” que puede derivarles en problemas, al tiempo que defendió que los reconocimientos extrajudiciales no son una “tónica general” por la disminución del volumen de las facturas impagadas que la Ciudad Autónoma abona mediante la cuenta 413.
Así, señaló que de los 2,9 millones de euros de facturas atrasadas para las que fueron aprobados ayer los reconocimientos extrajudiciales, “el volumen real es 1.906.000 euros” porque un millón de euros corresponde a un servicio de Getyr que “se paga ahora por culpa del Tribunal de Cuentas, que hizo unas afirmaciones erróneas”. El año pasado, como recordó minutos después Donoso, fueron 3,7 millones de euros en facturas atrasadas, una cantidad muy superior a la de ayer.
Conesa y Donoso también coincidieron en que las facturas son tramitadas “por los procedimientos establecidos”, con el criterio de la Intervención, y apuntaron que el retraso de las facturas se debe en ocasiones a que los proveedores las presentan tarde, y otras por extravíos de la Administración.
La consejera dejó claro, por lo tanto, que el Gobierno “no actúa de forma ilegal en ninguno de los procedimientos” al tiempo que puntualizó que los reconocimientos extrajudiciales son empleados “de forma ocasional”, como demuestra el hecho de que los aprobados ayer representan menos del 1% del presupuesto anual de la Ciudad Autónoma.
Donoso también fue firme al subrayar que no iba a permitir a la oposición que hablara de amiguismos. “Este Gobierno contrata a empresas de todas las formas, colores y sabores”, afirmó la consejera, en cuya opinión las facturas hay que abonarlas, independientemente de que a los partidos de la oposición “les gusten más o menos”.
