El Consejo General de la Abogacía Española denunció ayer que el Ministerio del Interior vulneró la Ley al permitir que la Policía marroquí accediera a territorio español durante su actuación de desalojo de 13 inmigrantes que habían llegado al islote del Perejil. En una nota de prensa, este organismo apuntó que el Gobierno eludió “las obligaciones que la Constitución, los Tratados Internacionales y la Ley exigen de las autoridades españolas” al permitir que agentes del país vecino pisaran territorio nacional. La Delegación del Gobierno de Ceuta restó importancia a este hecho recordando que “en muchas ocasiones la Guardia Civil también interviene en colaboración en aguas jurisdiccionales de Marruecos”.
El Consejo General de la Abogacía Española también criticó especialmente la devolución de los 13 inmigrantes a Marruecos. “El Ministerio del Interior ha vuelto a no respetar los límites que la ley impone a su actuación y con ello los derechos de las personas que pese a encontrarse en territorio español, la isla de Perejil, fueron entregadas sin el cumplimiento de ninguna formalidad legal a fuerzas policiales marroquíes”, dijo este organismo.
Así, recordó que “hace pocos años el Gobierno montó un gran operativo militar para defender la soberanía nacional en ese mismo islote. Ayer [por anteayer], sin que de momento se haya dado una explicación, se permitió a la policía marroquí acceder a ese mismo territorio cuando un grupo de personas, algunos de los cuales eran menores de edad, solicitantes de asilo y procedentes de zonas en conflicto, se encontraba allí, es decir, en territorio español”.
Para este organismo, “la gravedad de la actuación de las autoridades españolas se intensifica si tenemos en consideración que las trece personas migrantes que presumiblemente proceden de la República Centroafricana y que se encontraban en la Isla del Perejil habrían demandado la asistencia letrada a los efectos de protección de sus derechos fundamentales”. En este sentido, explicó que el Colegio de Abogados de Ceuta comunicó el martes a la Delegación del Gobierno la puesta a disposición de estas personas de cuantos abogados del Turno de Oficio fueran necesarios para garantizarles asistencia letrada.
“El interés general sólo puede ser el escrupuloso respeto de los derechos fundamentales, que pasa por el derecho de los migrantes a ser oídos y defendidos con la asistencia de un abogado, tal y como la Ley exige, sean cuáles sean las condiciones en que se produce su entrada al territorio de un Estado de Derecho”, insistió el Consejo General de la Abogacía Española.
En este sentido, dijo esperar que de forma inmediata se restaure la legalidad y se garanticen a los inmigrantes “los derechos fundamentales que la Constitución y Leyes españolas otorgan a cualquier persona que se encuentre bajo la jurisdicción del Estado español”. También reclamó que se investiguen los hechos.
