El Gobierno de Imbroda ha decidido solventar este problema de décadas afrontando un proceso que conllevará no pocos quebraderos de cabeza para la Administración y los dueños de las casas ilegales, pero que es necesario para poner fin de una vez por todas a una situación discriminatoria que tarde o temprano hubiera podido dar lugar a un deterioro importante de nuestra estabilidad social El tratamiento diferenciado a los ciudadanos siempre es origen de malestar, aun cuando esa desigualdad pueda estar justificada por razones de vulnerabilidad que hacen necesaria una protección especial hacia ciertos colectivos. Pero cuando detrás no hay razones que sostengan ese desequilibrio, la situación puede llegar a tornarse grave, pudiendo llegar incluso a provocar conflictos e inestabilidad social. En Melilla, esa desigualdad se lleva dando desde hace décadas en la Cañada de Hidum y otros barrios periféricos, donde las viviendas ilegales no son una cuestión anecdótica, ni mucho menos. El consejero adjunto a la Presidencia, Javier González, afirmaba ayer que las construcciones de casas al margen de la ley son solo una pequeña parte de todas las que hay en los Distritos IV y V, pero aunque no sean una mayoría, el hecho de que más de un millar estén sin regularizar indica que no estamos tampoco ante un tema baladí.
El problema se remonta a los años 40 y 50, cuando antiguos soldados volvieron de la guerra y empezaron a construirse sus casas en la Cañada. Pero la proliferación de viviendas ilegales llegó en los años 90, muy ayudada por la recordada por muchos como operación ladrillo por parte de quien ostentaba entonces el poder, que no era, por cierto, el gobierno actual. Una simple comparativa de los planos de aquel entonces y la situación que hay ahora permite observar que el boom de la construcción ilegal se dio hace apenas 20 años, convirtiendo la Cañada y algunos de sus zonas colindantes en barrios donde la ilegalidad urbanística se vio y se sigue viendo como algo normal.
Esa situación se ha mantenido en el tiempo, provocando una gran injusticia respecto a melillenses que viven en otros barrios de Melilla cumpliendo con las normas urbanísticas en sus propiedades y afrontando, como es lógico, las obligaciones que eso conlleva, desde el pago del IBI hasta otros trámites que también es necesario cumplir ante la Administración. Al mismo tiempo, esa pasividad por parte de los gobiernos de todos los colores políticos que han llevado las riendas de Melilla en todos estos años ha provocado también una situación de desigualdad para los propietarios de las casas ilegales. No en vano, en todo este tiempo no han tenido ninguna salida para solventar este problema regularizando de una vez sus casas, que es la única opción posible para poder venderlas o entregarlas a sus herederos.
El Gobierno de Imbroda ha decidido solventar este problema de décadas afrontando un proceso de regularización para que estos propietarios puedan comprar el suelo sobre el que se asientan sus casas. Es exactamente lo mismo que se ha hecho en otros barrios donde se dieron las mismas irregularidades en otra época, como el barrio de la Libertad, de modo que los vecinos de la Cañada también tenían derecho a que se les diera la misma oportunidad de solventar de forma justa para todos una situación que partía de una irregularidad.
Este proceso conllevará no pocos quebraderos de cabeza para la Administración y los dueños de las casas ilegales, pero es necesario para poner fin de una vez por todas a una situación discriminatoria que tarde o temprano hubiera podido dar lugar a un deterioro importante de nuestra estabilidad social.
