Una Justicia lenta es injusta cualquiera que sea la sentencia, porque si es una condena no repara el daño de las víctimas tanto tiempo después de haberlo sufrido. Si es una absolución, la Justicia lenta es también injusta por haber obligado al inocente a aguantar durante meses o años una carga como es saberse señalado por el resto La Justicia es uno de los pilares básicos de nuestro Estado de Derecho, pero la falta de medios de la que adolece convierte a menudo esa columna vertebral en frágiles cartílagos incapaces de sostener su importantísima función con la eficacia deseable. Una Justicia lenta es injusta cualquiera que sea la sentencia, porque si es una condena no repara el daño de las víctimas tanto tiempo después de haberlo sufrido. Incluso es lastimoso para ellas tener que remover ese sufrimiento después de que el paso del tiempo haya conseguido mitigarlo en cierta medida. Si la sentencia dicta absolución, la Justicia lenta es también injusta por haber obligado al inocente a aguantar durante meses o años una carga como es saberse señalado por el resto. Porque aunque la base de la Justicia en España es la presunción de inocencia, la cruda realidad es que muy pocos la respetan. Lo podemos comprobar a diario en las redes sociales y foros donde la ciudadanía expresa sus opiniones. Cuando alguien saca algún tema relacionado con imputaciones, la mayoría habla como si ya fueran condenas efectivas.
Los casos del Tribunal de Cuentas y la Operación Ópera han sido dos buenos ejemplos de ello en Melilla, donde la falta de medios de la Administración de Justicia es palpable con solo poner un pie en las Torres V Centenario por mucha oficina judicial que se haya puesto en marcha en los últimos tiempos. Eso contribuye a que la Justicia sea excesivamente lenta, sobre todo en investigaciones arduas y complejas que en cualquier otro lugar necesitaría una atención exclusiva por parte del juez instructor. Es lo que ocurre con el caso voto por correo, por ejemplo, destapado a raíz de la campaña electoral de 2008. Seis años después aún no se ha celebrado el juicio, para perjuicio de los ciudadanos que dijeron haber sido engañados, para los numerosísimos imputados, y también para el resto de la opinión pública, que quiere saber qué ocurrió exactamente en la pugna por los escaños de Melilla en el Parlamento.
Esa Justicia injusta por la lentitud la sufrimos todos también ahora con la Operación Ópera, que parece una colección por fascículos entre registros, detenciones y medidas cautelares que se vienen abajo porque la Audiencia Provincial no ve sus motivaciones. Casi un año después de que se destapara este caso con la primera incursión de la Guardia Civil en dependencias municipales, el sumario sigue siendo un misterio por la prolongación del secreto que ha decretado la autoridad judicial que instruye el caso a tiempo parcial, ya que debe compatibilizarlo con otros tantos asuntos que se acumulan sobre la mesa del Juzgado de Instrucción nº 4. Esta misma semana, Imbroda se quejó de la indefensión que están sufriendo los altos cargos de la Ciudad Autónoma que se han visto implicados en esta investigación y que todavía a estas alturas desconocen qué está pasando. No le falta razón en sus quejas, ya que esa incertidumbre y la falta de respeto a la presunción de inocencia de la que han pecado en las redes sociales y en las propias sedes políticas de la oposición son por sí mismas una condena, máxime cuando el caso se está desmoronando por los agujeros que en sus cimientos está detectando la Audiencia Provincial.
