“Lo que dice la amnistía es que esos políticos habrían actuado bien y los que lo hicieron mal fueron los que reaccionaron contra eso”, explica Fernando Germán Portillo, que dice que la aprobación de dicha ley significaría que el Estado “estaría pidiendo perdón a los delincuentes”
Desde que el presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, anunciara en el Comité Federal del partido su intención de aprobar una ley de amnistía para los políticos independentistas del procés catalán, las reacciones a favor y en contra de esta medida se han disparado en los últimos días.
Entre los que se pronuncian a favor de la aprobación de dicha medida argumentan que, además de ser “el camino correcto para avanzar en la convivencia en Cataluña”, señalan que la Constitución Española no prohíbe expresamente dicha ley de amnistía.
Sin embargo, para otras personas como el juez decano de Melilla, Fernando Germán Portillo, pesan más los argumentos que se inclinan por la inconstitucionalidad de esta medida.
“Hay muchas cosas que la Constitución expresamente no prohíbe y no por eso están permitidas”, razona al MELILLA HOY, explicando que, en principio, “sería inconstitucional todo aquello que fuese en contra de los principios, derechos y valores que establece la Constitución Española aunque expresamente no esté prohibido, como por ejemplo la esclavitud”, pone a modo de ejemplo. Asimismo, señala que las Cortes Generales “no pueden hacer y deshacer lo que quieran. “Las Cortes Generales, como cualquier administración, solo pueden hacer lo que la Constitución les permite, y siempre sometiéndose a la Constitución, que es la que está en la cúspide de toda la pirámide”, prosigue.
En este sentido, explica que si la Constitución “prohíbe expresamente los indultos generales” a un indeterminado número de personas, también prohíbe la amnistía, puesto que ésta última no significa solamente “perdonar la pena”, sino también “olvidar el delito”. “Si no cabe lo menos, tampoco cabe lo más”, incide.
“Desigualdad” entre españoles
A renglón seguido, el juez decano señala que la amnistía “chocaría frontalmente contra la separación de poderes”, en concreto contra el Poder Judicial. “Estaría deshaciendo lo que los jueces han hecho, y eso crea mucha inseguridad jurídica”, advierte, apuntando que dicha ley también creará “una desigualdad” entre españoles.
Aun así, la razón principal que esgrime Germán Portillo para posicionarse en contra de la amnistía es porque supone “una degradación del Estado de Derecho”. “Lo que está diciendo la amnistía es que esos políticos habrían actuado bien y los que lo hicieron mal fueron los que reaccionaron contra eso”, explica, dejando claro que la aprobación de dicha ley significaría que el Estado “estaría pidiendo perdón a los delincuentes”. “Y eso puede ser entendido como una violación de nuestro Estado de Derecho y de nuestra democracia”, apostilla.
No obstante, Germán Portillo cree que antes de entrar en el debate jurídico sobre la constitucionalidad o no de una posible ley de amnistía, “deberíamos de ver de si esta medida que es excepcional está respaldada por la mayoría de la población española” y si, en caso de que exista ese consenso, “si las circunstancias lo justifican”. “Ese es el debate que hay que hacer antes que plantearnos su constitucionalidad”, incide al final.
