Un nutrido grupo de jueces y fiscales de Melilla se ha concentrado este miércoles a las puertas de las Torres V Centenario, sede judicial de la ciudad, en el marco del paro simbólico convocado a nivel nacional para denunciar las reformas legislativas impulsadas por el Gobierno central, que —según advierten— ponen en riesgo principios fundamentales del Estado de Derecho, como la independencia judicial y la autonomía del Ministerio Fiscal.
La movilización, respaldada en toda España por la mayoría de asociaciones de jueces y fiscales, a excepción de las de perfil progresista, ha servido para visibilizar el rechazo del colectivo a las dos reformas actualmente en tramitación: una relativa al sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal, y otra que afecta a la estructura de la Fiscalía.
Tres representantes de la judicatura en Melilla han sido los encargados de leer un manifiesto para exponer los argumentos por los que consideran que es necesario frenar las iniciativas legislativas defendidas por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
En dicho escrito, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han recordado que la Constitución «implanta en España el Estado de Derecho al sancionar el imperio de la ley, la separación de poderes y la existencia de un Poder Judicial independiente de toda injerencia política como garante de los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía».
Y, al hilo, han advertido de que «esta independencia judicial, clave para hablar de una democracia real y de una verdadera integración en la Unión Europea, está bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas».
Se refieren, en concreto, al proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal –que el jueves se enfrenta a su primer examen en el Congreso– y el anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF). «Iniciativas ambas contras las que hoy reaccionamos con este paro», han incidido.
«No quepa duda de que estas reformas de que hablamos, enmarcadas entre otras que se han ido produciendo, van encaminadas a convertir al Poder Judicial en un poder con minúscula, un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder, en la senda de las democracias iliberales que, por eso, no lo son realmente», alertan.
Las asociaciones han subrayado que la reforma de acceso a ambas carreras–«tramitado injustificadamente por vía de urgencia»– «no responde a demanda social alguna». Y han recordado que, además, «ha recibido un informe técnico muy crítico por parte el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)». «Se trata de una reforma legal que va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para nuestra formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración», han apuntado.
Los jueces y fiscales participantes no descartan ir a una huelga para reclamar la retirada de dos reformas impulsadas por el Gobierno que pretenden modificar el acceso a ambas carreras y la estructura de la Fiscalía.
