El Ministerio del Interior ha expulsado del territorio nacional de forma administrativa a 154 personas detenidas por su presunta implicación con el yihadismo en la última década. Según informaron ayer rotativos del grupo Correo, se trata de terroristas, captadores o colaboradores que han cumplido condena o simples sospechosos de simpatizar con postulados radicales del Islam, que han sido expulsados a sus países de origen.
De los 154 expulsados, 103 eran exreclusos condenados por pertenencia a banda armada o participación en atentados. Entre los deportados por esta vía están, al menos, cuatro de los condenados por los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.
Según la información publicada por dichos periódicos, estas expulsiones se han llevado a cabo usando los artículos 54 y 57 de la ley de extranjería que facultan al Estado a deportar a cualquier foráneo que incurra, siempre a criterio de la Administración, en una “infracción muy grave” por “participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países”, no porque la sentencia en sí ordenara su destierro tras su paso por prisión.
