El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) sugirió ayer a la familia de Nayra, la niña fallecida en la madrugada del 24 de enero tras recibir el alta en Urgencias en el Comarcal, que suspenda la concentración que ha convocado para este viernes ante la sede del organismo sanitario, ya que el lema “claramente es una sentencia sin que haya existido juicio”. Esta solicitud la planteó ayer el director territorial del Ingesa, Francisco Robles, en la reunión que mantuvo al mediodía con la familia de Nayra, a la que asistió también el gerente del área sanitaria de Melilla, Pedro Villarroel, en la que informaron de las actuaciones que ha realizado la institución sanitaria en este caso.
En una nota de prensa, el Ingesa explicó que esta reunión se celebró ante la solicitud de la familia con base en “un sentimiento de solidaridad humana ante el fatal acontecimiento y en la transparencia hacia el administrado que debe presidir las actuaciones de los organismos públicos”.
Robles transmitió a los padres de Nayra el pésame por la muerte de su hija, y “su mayor solidaridad ante el fatal evento”, tanto en nombre del Ingesa como de su director general, José Julián Díaz Melguizo, y en el suyo propio.
La familia pide celeridad
Los padres de Nayra y uno de sus tíos pidieron al Ingesa que tenga celeridad en las conclusiones del estudio que se realiza desde el fallecimiento, así como que exista agilidad para la remisión de la documentación que han solicitado para llevar el caso ante los tribunales.
Robles les informó de las actuaciones del Ingesa desde la muerte de Nayra y les comunicó que le constaba el relato de los hechos, pero que sólo les podía informar por ahora de que se dieron instrucciones de llevar el caso para su estudio a una comisión que tiene el objetivo estudiar eventos de este tipo para intentar determinar una relación causal y, en lo posible, evitar que se repita.
El director territorial lamentó que la familia no hubiera autorizado la autopsia clínica, como se le solicitó y ofreció en varias ocasiones, y aclaró que el Hospital Comarcal cuenta con un pediatra de guardia de presencia física, pero es el médico de Urgencias quien decide la necesidad de que el pediatra participe en un proceso asistencial.
En cualquier caso, Robles señaló que el pediatra participó en las dos visitas que Nayra hizo al servicio de Urgencias entre la noche del 23 y la madrugada del 24 de enero. También se comprometió con la familia a facilitar a la mayor brevedad posible los datos del estudio y la información que se le requiera desde otras instancias.
Apoyo a los profesionales
Robles dijo comprender el dolor de la familia, pero le transmitió que “no se pueden admitir las descalificaciones vertidas en los medios de comunicación referidas al personal sanitario que actuó”, y le explicó que los profesionales del Ingesa pueden denunciar lo que en su opinión puede ser constitutivo de difamación y atentado al honor. Anunció en este sentido que el Ingesa ofrecerá apoyo jurídico a los profesionales afectados para que emprendan acciones legales contra sus promotores y/o autores si así lo deciden.
También pidió a la familia que “cesen las declaraciones de ese tenor” y le sugirió que suspenda la concentración que ha convocado “bajo un lema que claramente es una sentencia sin que haya existido juicio”, o que al menos la familia se desvincule de esa acción.
Según el Ingesa, la reunión acabó en un buen clima y con el anuncio de Robles de que les emplazará a otro encuentro en cuanto disponga de los resultados del estudio. La familia y sus representantes (el abogado Mohamed Bussian y el portavoz de la familia, Toni Roderic) se comprometieron a esperar las conclusiones del estudio para proceder con otras acciones.
