La indignación, el malestar y el enfado con la decisión del Gobierno de Nación de no mantener la bonificación del 50 por ciento a la Seguridad Social en Melilla y Ceuta tal y como la conocíamos desde 2004 es tan significativa que nadie comprende cómo el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha podido dar este paso a tres días de las elecciones, salvo que dé por hecho que en ninguna de las dos ciudades autónomas vaya a lograr representación e incluso que esta sea su última semana al frente del Consejo de Ministros.
El malestar es más notable aún porque todos los actores políticos y económicos que estaban cernidos por esta materia se sienten engañados por la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, que durante meses les había comunicado que se mantendrían las bonificaciones como hasta ahora y sin embargo lo que se ha hecho es cambiar las mismas por subvenciones, algo que ha puesto en pie de guerra a todas las asociaciones empresariales que existen en Melilla: Confederación de Empresarios (CEME-CEOE), la Asociación Zona Centro, Pymes Melilla y la Asociación de Empresarios de Hostelería.
Y no es para menos, porque supone un paso atrás gigantesco y que, de no remediarse, podría suponer un golpe mortal para la economía melillense.
El nuevo presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, ha sido rotundo en esta materia y ha anunciado que, si el domingo gana Alberto Núñez Feijóo y se convierte en nuevo presidente del Gobierno de España, derogará lo que ha dado en llamar el “decreto sanchista” para recuperar las bonificaciones como las idearon en 2004 con el entonces presidente del Gobierno José María Aznar.
Porque el Real Decreto de ayudas directas para complementar las bonificaciones hasta el 50 % de la Seguridad ha encontrado el rechazo de todos. Además de las organizaciones empresariales antes nombradas, también han encontrado la oposición rotunda de PP y CPM, así como del Ejecutivo melillense presidido por Imbroda. Los únicos que se han mostrado a favor han sido PSOE y su delegada del Gobierno, Sabrina Moh.
Estas ayudas no pueden constituirse la solución al problema porque a partir de septiembre, con el nuevo sistema, las empresas deberán liquidar los seguros sociales todos los meses aplicando tan sólo 262 euros por trabajador indefinido a jornada completa, estando obligada, además, a proporcionarle una formación de 20 horas dentro de los planes estatales de formación.
El resto del importe hasta alcanzar el 50% de los seguros sociales, deberá pagarlos y solicitarlos al año siguiente, al SEPE, a través de una subvención, con sus plazos reglamentarios.
Además, esta nueva norma deja fuera de aplicación a todas las personas contratadas de manera temporal, bien sea por contratos de sustitución de algún trabajador, bien sea para cubrir una tarea ocasional.
En definitiva, deja de ser una bonificación y se convierte en una subvención directa que se solicita a año vencido, es decir, que la empresa debe soportar ese coste durante un año, y al año siguiente solicitar al SEPE su abono.
Una situación que ha originado la indignación de todos y que se debe rectificar porque, debemos insistir, está en juego la economía de Melilla y por consiguiente su futuro.
