El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla, que investiga las devoluciones sumarias de inmigrantes a pie de valla en la ciudad autónoma, ha imputado a ocho guardias civiles por los golpes que recibió un migrante el pasado 15 de octubre, hechos documentados en vídeo por la ONG local Prodein. El auto convoca a estos agentes para dirimir si “pudo haberse producido un empleo de la fuerza desproporcionado y si tal manera de proceder pudiese estar tipificada en el Código Penal, sin perjuicio de mejor y más depurada calificación, al menos como un delito de trato degradante”. El juez Emilio Lamo de Espinosa indica en su auto que “en el supuesto de que pudiera determinarse que alguno de los inmigrantes hubiera sufrido alguna lesión” se imputaría “un delito de lesiones”. Los agentes llamados a declarar “en calidad de imputados” lo son “en relación a la acción que ha sido documentada en soporte videográfico de actuaciones”, según el cual un inmigrante camerunés conocido como Danny, “que no ha sido identificado hasta el momento”, fue “rodeado y golpeado por un grupo de guardias civiles” cuando bajaba por una escala de la valla de Melilla, “siendo posteriormente trasladado en volandas hasta Marruecos desde España atravesando el perímetro fronterizo”.
“Es necesario determinar si tal empleo de la fuerza fue o no contrario a derecho, teniendo en cuenta que en la grabación aportada por la guardia civil el ciudadanos subsahariano parece empuñar un garfio en la mano derecha”, añade el magistrado.
La causa se instruye por la presunta comisión de los delitos de lesiones, trato degradante, coacciones, contra los derechos individuales, contra el deber de impedir la comisión de un delito y omisión del deber de socorro, teniendo esta calificación un valor meramente provisional y no vinculado a las partes personadas.
Se trata del suceso documentado por la ONG Prodein el pasado 15 de octubre en la valla de Melilla, cuando un inmigrante, vestido con un jersey de color violeta, fue rodeado y golpeado por un grupo de agentes de la guardia civil mientras descendía por la escala que los agentes habían colocado para desalojar la valla, a la que se habían encaramado varias personas.
La Asociación Pro Derechos Humanos, la propia Prodein, Andalucía Acoge y la Coordinadora de Barrios presentaron denuncia ante el juzgado tanto por la fuerza que emplearon los agentes como por la devolución a Marruecos que ejecutaron después de los inmigrantes que fueron interceptados.
Devoluciones en caliente
La denuncia fue admitida a trámite el pasado mes de enero y acumulada a la causa abierta en este juzgado para investigar las llamadas devoluciones en caliente, la misma en la que fue imputado en septiembre el coronel jefe de la Guardia Civil de Melilla por un posible delito de prevaricación, ya que es el responsable del protocolo contrario a la Ley de Extranjería que rige este proceder en la frontera melillense. Por lo tanto, ahora son nueve los guardias civiles imputados en este caso, que investiga la actuación de este cuerpo de seguridad en los intentos de entrada del 18 de junio, el 13 de agosto y el 15 de octubre.
Según ha informado el letrado de la acusación José Luis Rodríguez Candela, la Guardia Civil alega que respondió con un uso proporcionado de la fuerza a una agresión previa que el inmigrante habría ejecutado con el garfio que menciona el auto judicial. Este es el tipo de herramientas que se fabrican los migrantes para poder ascender por la malla, diseñada de tal manera que impide introducir los dedos entre los alambres.
Hay que destacar que el juez instructor también ha hecho ofrecimiento de acciones a la Abogacía del Estado por si considerara acreditada la perpetración de un delito de atentado contra los agentes. Hasta este momento, solo había una persona imputada, un mando de la Guardia Civil por un presunto delito de prevaricación, aunque ahora la cifra se eleva a nueve.
Hasta el momento se han presentado dos recursos de apelación, ambos contra el auto en el que se acordó desestimar la petición de sobreseimiento provisional y ordenando la continuación del procedimiento.
Los recursos han sido presentados uno por el Ministerio Fiscal y otro por la Abogacía del Estado, recursos a los que se han opuesto las acusaciones populares personadas.
