“No tiene por donde cogerlo”, ha denunciado indignado el presidente de la Ciudad Autónoma sobre el nuevo modelo de financiación autonómica «singular y generalizable» que han pactado el Gobierno central y la Generalitat de Catalunya
“A mí no me engañan”.
De esta forma tan contundente se ha pronunciado el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ante la nueva financiación autonómica “singular y generalizable” que han pactado el Gobierno de España y la Generalitat de Catalunya, con el fin de que la hacienda catalana pueda gestionar de forma progresiva todos los impuestos.
“Ya nos han intentado engañar suficiente”, ha recalcado ante los medios Imbroda, que ve en la financiación singular para Cataluña “una canallada al servicio de un sillón” y ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones generales.
“Creo que debería de decirle al pueblo ‘me presento con esta idea y con esto que quiero hacer’, y si la mayoría de los españoles dicen que sí a darle a los separatistas catalanes lo que quieran, pues eso es la democracia, te guste o no”, ha dicho, asegurando que actualmente “están mandando siete votos” en España “más los de Bildu”.
“No tiene por donde cogerlo”, sostiene con indignación, preguntándose por qué Sánchez “tiene tanto miedo a que hable el pueblo” en las urnas. “Si has cambiado el discurso radicalmente y estás metiendo esto que dijiste que jamás lo harías, convoca al pueblo y que la gente vote en libertad”, insiste.
Recaudación IRPF
El acuerdo que ha alcanzado el Ejecutivo central y el gobierno catalán contempla que el traspaso de todos los impuestos comenzará con que la Generalitat recaude todo el IRPF generado en Cataluña durante 2026.
La financiación singular de Cataluña prevé una cuota de solidaridad con las comunidades autónomas menos ricas y que se respete el principio de ordinalidad. Es decir, que Catalunya mantenga la misma posición en la clasificación de lo que aportaba y lo que recibe.
La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido que lo que se pacte no generará un agravio territorial con otras comunidades autónomas.
