“Les entró una prisa muy potente al presidente de Enusa para vender la planta. Querían vender su parte”, ha señalado el presidente melillense, destacando que estuviera “muy atento” el actual presidente de la Autoridad Portuaria, “apretando” para que dicha venta no se llevara a efecto
El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha afirmado que el presidente del Puerto de Melilla y exconsejero de Medio Ambiente, Manuel Ángel Quevedo, presionó para evitar que Enusa, socia al 50 % de la empresa de gestión de residuos ‘Remesa’, vendiera la planta incineradora de la ciudad autónoma a Acciona.
“Les entró una prisa muy potente al presidente de Enusa para vender la planta. Querían vender su parte”, ha señalado Imbroda ante los medios, destacando que estuviera “muy atento” el actual presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla, “apretando” para que dicha venta no se llevara a efecto.
“No quería que entrara en manos privadas la planta de Remesa, que estaba funcionando bastante bien”, ha agregado, asegurando que hubo “presiones bastante importantes” en ese aspecto cuando tuvieron lugar los hechos que se investigan, entre 2021 y 2023, con el anterior Gobierno de coalición de CPM, PSOE y Eduardo de Castro (expulsado de C’s) en la Ciudad Autónoma.
“Creemos que los tiros van por ahí, pero no sabemos si hay algo más, porque no estábamos en el Gobierno ni en el comité ejecutivo donde mandaba toda la actuación de Remesa”, ha dicho, afirmando que el Gobierno que él preside investigará en ese aspecto “por si cuajó en algún proyecto de obra”.
No obstante, ha lamentado que el fallecimiento del que fuera director de la planta incineradora hasta hace unos meses, Miguel Moralejo, quien sabría “algo más” de esta cuestión, pero confían “muchísimo en su figura y en su sentido de honradez”.
“Ha sido una pérdida irreparable. No tenemos todavía director gerente de la planta y él era una dique de contención para cualquier cosa que hubiese rara”, ha aseverado.
La primera autoridad melillense ha expresado su sorpresa por la investigación que está llevando a cabo la Audiencia Nacional contra el grupo criminal que supuestamente conformaban la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el propietario de Servinabar, Antxon Alonso, para esclarecer si dicho grupo se embolsó sobrecostes del 50 % de dos contratos de la empresa pública Enusa adjudicados a Acciona, empresa investigada en el caso Koldo.
