El PP ha recibido con “perplejidad” la noticia de que la Junta Electoral de Zona (JEZ) ha impuesto hasta tres multas, dos de ellas al Gobierno de Melilla de 500 y 600 euros, y una a la Dirección Provincial del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD) de 500 euros, por considerar como anuncios “electoralistas” dos ruedas de prensa diferentes en las que el Ejecutivo local habló de un convenio de educación y los próximos planes de empleo. El candidato del PP y presidente regional del partido, Juan José Imbroda, dejó claro que aquellas comparecencias fueron para comunicar a los ciudadanos cuestiones de “gestión pura y dura” y acusó a los partidos de la oposición de presentar denuncias contra el PP como “un intento de tapar la boca” a los populares. No obstante, anunció que los populares piensan recurrir estas sanciones ante la Junta Electoral Central porque consideran que esta situación es “un disparate”. Imbroda comenzó su rueda de prensa asegurando que en esta antesala electoral hay “un interés desmesurado” de los partidos de la oposición, y sobre todo de Coalición por Melilla (CPM), de que el Gobierno local no pueda explicar su gestión. “Aberchán no quiere que digamos nada y nos denuncia”, dijo Imbroda, visiblemente molesto porque “los que se las dan de defender la libertad de expresión, lo que hacen es lo contrario, pretenden que nos callemos y no podamos hablar”.
Para el candidato popular, que se haya denunciado ante la JEZ los anuncios de la puesta en marcha de los bonos de transporte para que los ciudadanos puedan viajar a precios más asequibles, los planes de empleo o el convenio con el Ministerio de Educación, entre otras cuestiones, resultan “un caso peregrino”.
“Si no podemos decir nada del Consejo de Gobierno, cerramos la institución hace dos meses y se ha acabado”, comentó Imbroda para dar a entender que el funcionamiento de la administración sigue adelante independientemente de que se hayan convocado elecciones. De hecho, dijo que el Ejecutivo está en su derecho de seguir trabajando y “decir las cosas que se están haciendo”, y eso es diferente a lo que está prohibido expresamente en la Ley Electoral, como es celebrar visitas de obras e inauguraciones.
A su juicio, lo que debería hacer la oposición es presentar “propuestas solventes” en vez de “pretender que la gente no se entere” de lo que hace el Gobierno. El problema, según Imbroda, es que el resto de partidos “no tienen” qué ofrecer a los ciudadanos y por tanto “están muy nerviosos y preocupados”.
“Judicialización extrema”
El vicesecretario del PP y candidato número 4, Daniel Conesa, también se manifestó al respecto al denunciar la “judicialización extrema” que están desarrollando en la precampaña determinados partidos políticos, concretamente CPM y Populares en Libertad (PPL).
Conesa, como ya hiciera Imbroda, argumentó que se trata de “anuncios de actuaciones que se ponen a disposición de los ciudadanos” y el PP entiende que “eso no entra dentro de las prohibiciones” establecidas a las administraciones públicas tras la convocatoria de elecciones para evitar que se puedan utilizar recursos públicos para hacer campaña. En su opinión, se está “llevando al extremo” la obligación de no utilizar recursos públicos para hacer campaña electoral, algo con lo que está de acuerdo, pero “no se puede llegar a situaciones de no poder comunicar a los ciudadanos los servicios que se ponen en marcha”.
Asimismo, dijo que si estos anuncios no están permitidos, “que modifiquen las leyes y prohíban a las administraciones adoptar acuerdos de ningún tipo desde la convocatoria de elecciones”, lo que supondría una paralización administrativa que consideró “un disparate” porque “las administraciones tienen que seguir funcionando”. De hecho, dejó claro que algunas de las cuestiones denunciadas, como los planes de empleo, fue un acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno, que “es un órgano que está en el completo ejercicio de sus funciones”.
Además, sobre este tema en concreto negó que se haya podido tramitar antes de que se convocaran las elecciones, dado que la convocatoria de subvenciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) fue publicado en el BOME el 9 de abril con una semana de plazo para que la Ciudad Autónoma presentara una propuesta.
Algo similar ocurrió con el caso de los bonos de transporte, que aunque fue aprobado en enero, ha sido necesario cumplir una serie de etapas administrativas en todo este tiempo, entre ellas contactar con las compañías aéreas y marítimas para que se acogieran al proyecto.
“Estamos llegando a un extremo en el que en este país va a ser difícil hablar porque te van a denunciar”, lamentó Conesa, en cuya opinión lo que ha acordado la JEZ “nos podría llevar a que la portavoz del Gobierno central, Soraya Sáenz de Santamaría, tampoco pudiera anunciar nada de lo que se acuerda en el Consejo de Ministros cada viernes”.
Además, para Conesa es “una tontería” pensar que los ciudadanos que recojan un bono de transporte o se le conceda una beca universitaria van a votar “necesariamente” al PP. “¿Eso dónde está escrito? Cada uno votará a quien quiera, porque si obtienen una beca o un bono será porque tienen derecho a ello”, agregó.
