La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) preparaba una demanda contra el Estado español ante el posible incumplimiento de los convenios internacionales que, en materia de derechos humanos, tiene suscrito nuestro país. Las acciones legales se emprenderían en breve y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta decisión se avalaba en el estudio del catedrático de Derecho Internacional Juan Antonio Carrillo que establecía la expulsión de inmigrantes comprometía "la responsabilidad internacional de España en la aplicación del convenio". Se cumplía una semana de la expulsión de cien inmigrantes africanos a "tierra de nadie" sin ayuda ni alimentos.
