La Fiscalía estimaba, en sus calificaciones sobre la agresión sufrida por el secretario general del Partido Nacionalista de Melilla (PNM), Juan Díez de la Cortina, que ésta era constitutiva de un delito grave de lesiones, por lo que solicitaba la imposición de sendas penas de 5 años de prisión para cada uno de los militantes socialistas participantes en los hechos.
La Federación de Asociaciones de Vecinos de Melilla dirigía una carta al Ayuntamiento para expresar su protesta por no habérsele enviado el acta del Pleno de 21 de marzo en el que se aprobaba el Reglamento de Participación Ciudadana, tal como se habían comprometido.
