La compañía pública Trasmediterránea, que tenía un contrato con el estado que le garantizaba, entre otras cosas, la exclusiva de la comunicación marítima entre Melilla y la Península, iba a ser privatizada, con prisas, por el Gobierno socialista. Las intenciones del ministro de Economía, Pedro Solchaga, y del titular de Industria, Juan Manuel Echiagaray, era sacar a concurso, antes de Navidad la intermediación de la operación. Era el primero de los pasos que había que dar para la venta a través del banco intermediario, de un paquete mayoritario de acciones de la compañía que, por entonces, pertenecía en un 92,25% al Patrimonio del Estado. La intención del Gobierno era que la venta de Trasmediterránea estuviera ultimada a finales del mes de febrero de 1996.
