Melilla volvía a ser excluida de un foro autonómico, en concreto de la reunión que en octubre celebrarían en Madrid el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por esa razón el gobierno autónomo remitiría al ministro de Economía y Hacienda una protesta formal.
Los servicios jurídicos de la Asamblea autonómica melillense estudiaban presentar una querella contra el policía local que había denunciado graves irregularidades dentro del cuartelillo, incluidos malos tratos contra ciudadanos y por exigir la depuración de responsabilidades.
Los bomberos iniciaban una campaña de movilizaciones para presionar a la administración y que se revocase el decreto por el que se suprimía la productividad que venían percibiendo.
