El PP acusaba a la Organización de Usuarios de la Justicia (OUJ), con sede en Barcelona, de amparar a Marruecos en sus ataques contra la soberanía española y los intereses del país. Esta asociación catalana había remitido sendos escritos a las instituciones públicas españolas (incluso casa real), embajadas de países de la UE, de la Otan, estados africanos y asiáticos, advirtiéndoles de la "necesidad de entablar un diálogo para discutir el calendario sobre la descolonización de Ceuta y Melilla".
El SUP denunciaba la apertura de una información reservada ordenada por la Comisaría de Policía para conocer lo aprobado en la asamblea del sindicato, citando a miembros del comité, en especial por las críticas contra el comisario.
