La primera iniciativa de ley que propondría la Asamblea de Melilla a la Cortes Generales sería la destinada a implantar en la ciudad un nuevo modelo económico, tendente a la creación de una "zona de baja imposición" que favoreciera la promoción de negocios. La pretensión del programa del Gobierno del PP era propiciar "mayor libertad comercial, mayores incentivos fiscales y mayor libertad financiera" para atraer inversores y propiciar el desarrollo local.
Los trabajadores de Itusa, empresa de la limpieza viaria, se concentraban para protestar por la decisión de la empresa de destituir a su delegado en Melilla, a quien la plantilla estimaba como "un compañero más". Itusa alegaba que la sustitución se debía al deseo del propio empleado.
