Los cuatro secretarios de la Comisión Islámica se trasladaban a Madrid para entrevistarse con el Defensor del Pueblo y con los directores generales de Instituciones Penitenciarias y de Asuntos Religiosos. La situación de la prisión tras las denuncias contra el director pro malos tratos, la exclusión del tamazight en el proyecto de Estatuto de Melilla y la ausencia de la religión islámica durante el curso en los centros escolares, fueron algunos de las cuestiones tratada. Si el Defensor encontraba violación de un derecho fundamental en las quejas de la Comisión en lo referente al texto autonómico, recurriría al Tribunal Constitucional.
El presidente de Emvismesa, Enrique Remartínez, anunciaba la construcción de 1.500 viviendas en el plazo de tres años.
