El gobierno de Enrique Palacios recibía un nuevo revés judicial con el dictamen del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ordenaba cumplir la sentencia por la que Beatriz Caro, diputada local del PP, debía recuperar su puesto como vicepresidenta primera de la Asamblea.
El Juzgado tramitaba la denuncia de CCOO contra Mustafa Aberchán, consejero de Medio Ambiente, por llamarle “sindicato del crimen”.
Comenzaba el estudio de las pruebas solicitadas en el caso del cierre del Ayuntamiento, en el que estaba implicado el presidente Enrique Palacios, al que se imputaba un delito de coacciones, y de impedir el ejercicio de derechos civiles.
El gobierno de Enrique Palacios recibía un nuevo revés judicial con el dictamen del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ordenaba cumplir la sentencia por la que Beatriz Caro, diputada local del PP, debía recuperar su puesto como vicepresidenta primera de la Asamblea.
El Juzgado tramitaba la denuncia de CCOO contra Mustafa Aberchán, consejero de Medio Ambiente, por llamarle “sindicato del crimen”.
Comenzaba el estudio de las pruebas solicitadas en el caso del cierre del Ayuntamiento, en el que estaba implicado el presidente Enrique Palacios, al que se imputaba un delito de coacciones, y de impedir el ejercicio de derechos civiles.
