Mientras que el presidente de la Ciudad Autónoma, Enrique Palacios, así como el responsable de Economía, pedían diálogo para aprobar los Puestos de ese año, intramuros se llevaba a cabo toda una política de persecución contra funcionarios y laborales cercanos al PP. Además el interventor de la Ciudad dimitía, lo que hacía pensar que Palacios quería aprobar por decreto los Presupuestos, en vez de hacerlo en Pleno.
El PP denunciaba la intención del Gobierno local de hacer desaparecer la Unidad de Intervención Inmediata de la Policía Local, que llevaba siete años actuando.
Pro Derechos Humanos denunciaba al fiscal competente en el caso del depósito de Cabrerizas, por no permitir determinar la autenticidad o falsedad de documentos clave.
