La Ciudad Autónoma, por entonces, confiaba en que se aprobara una moratoria en la aplicación de la Ley del Menor, al menos hasta que se concretara entre el Ejecutivo de Aznar y el de las Comunidades Autónomas, una serie de subvenciones con las que hacer frente al reto. Entre tanto, el fiscal general del Estado había ordenado que se agilizaran los trámites para que un grupo de presos de entre 14 y 18 años abandonara la cárcel en el día 14 de enero.
La Autoridad Portuaria acababa de realizar una valoración muy positiva de su gestión a lo largo del año 2000. Los proyectos que se habían puesto en marcha, durante ese período habían servido para ampliar la operatividad del Puerto de Melilla, así como para prepararlo para el futuro.
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