La Autoridad Portuaria incrementaba las barreras que impedían el acceso a la zona comercial del puerto, objetivo número uno de los inmigrantes que pretendían trasladarse ilegalmente a la Península. El organismo portuario destacaba la situación de inseguridad que soportaba el recinto, sólo por el riesgo que implicaba para quienes pretendían colarse en algunos de los buques, sino para los celadores y guardamuelles, así como el personal encargado de las labores de atraque y desatraque. Por otra parte, desde las doce de la mañana y hasta la una de la tarde, la inmensa mayoría de los comercios melillenses, especialmente los ubicados en el centro de la ciudad, cerraban sus puertas para poner de manifiesto su negativa a la nueva ley que liberalizaba los horarios comerciales, ampliando las horas y calendario de apertura, permitiendo más horas de actividad al día y abrir los domingos y festivos.
