El Juzgado de Instrucción nº 1 debía decidir si existieron indicios o no de delito en el comportamiento de Enrique Cabo, diputado local del GIL, al que agentes de la Policía Local acusaban de injurias y amenazas por un incidente ocurrido en las dependencias policiales. Las versiones de uno y otro eran distintas. Mientras el primero aseguró que acudió en busca de ayuda y se encontró con policías ebrios, los agentes afirmaban que fue Cabo el que les insultó al no encontrar el respaldo que pedía.
La Fiscalía anticorrupción investigaba además los gastos del GIL en la campaña a las generales.
Los jugadores de la U.D. Melilla abandonaban su encierro tras ser expulsados por la Policía del Palacio de la Asamblea. Las deudas del club motivaron las protestas de los jugadores que exigían soluciones.
