La historia era aparentemente sencilla. Inmaculada Salazar, separada, madre de un niño de trece años afectado por parálisis cerebral, necesitaba para su hijo, una silla de ruedas que costaba 410.000 pesetas. Pidió ayuda a dos instituciones: la Organización Nacional de Ciegos de España y la Consejería de Bienestar Social que dirigía por entonces Abdelhamid Hammu (CPM). Poco lo pensó la ONCE ya que casi de inmediato le asignó a la peticionaria la suma de 360.000 pesetas en concepto de subvención. En cambio la Consejería de Bienestar Social daba largas a Inmaculada desde el mes de enero para concederle las 50.000 pesetas restantes. La peticionaria decía: "¿Cómo una Consejería harta de dar subvenciones se niega a concederme las 50.000 pesetas que me faltan para pagar la silla?.
