El consejero de Economía de la época, Fernando Meliveo, afirmó que las deudas de la Ciudad no tenían "justificación ortodoxa", ya que su montante superaba los cien millones de las antiguas pesetas. El consejero intentaba negociar con los grupos de la oposición el apoyo a una petición de crédito por valor de 880 millones para permitir pagar a los acreedores y afrontar el último trimestre del año. Asimismo, el Gobierno del momento mostró su disposición a afrontar el turismo como un reto, según indicó su presidente, Mustafa Aberchán. Por otra parte, el sindicato CSI-CSIF anunció acciones legales contra el delegado del Gobierno, Enrique Beamud, por no actuar contra los asentamientos ilegales que se producen a causa de la proliferación de construcciones ilegales en la Cañada.
