PP, UPM y GIL se sumaban a las denuncias de los vecinos de Los Pinares por el aumento espectacular de las viviendas ilegales junto a los muros de sus casas. Los partidos pedían a la Ciudad Autónoma que tomara cartas en el asunto, ante lo que podía acarrear peligros añadidos a la inseguridad de las edificaciones arbitrarias e ilegales, si se continuaba perforando un muro de contención de la citada urbanización, a través del cual se pretendía establecer un acceso a las casas ilegales.
Representantes del gobierno y de los grupos políticos acogían con cautela las intenciones del Ejecutivo central de cambiar la legislación y pasar a controlar los planes urbanísticos de Ceuta y Melilla, azuzado por la actuación del GIL en Marbella, un partido en puertas de acceder al gobierno de ambas ciudades.
