Guelaya: ‘Es obligatorio desarrollar una Zona de Bajas Emisiones este año por imperativo de Ley’

En su alegación a los presupuestos, donde señalan que hay que dedicar una partida finalista de 6 millones de euros.

El grupo ecologista señala que las Zonas de Bajas Emisiones derivadas de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes, como es el caso de Melilla, a disponer de, al menos, una ZBE “antes de 2023”, que tendrá que venir acompañada de un reglamento que garantice el derecho a la calidad del aire de las personas de Melilla y que sancione las infracciones por entrar.

Guelaya-Ecologistas en Acción considera que la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) se aprobaron para garantizar en toda Europa el derecho de las personas a respirar aire sano y consisten en la limitación de los vehículos a motor más contaminantes en zonas de tráfico restringido. En Melilla, al poseer un parque móvil muy envejecido, la mayoría de los vehículos a motor no pondrán transitar por las calles del interior de la Zona de Bajas Emisiones, que puede ser más de una y que coinciden con las zonas céntricas donde se acumula el tráfico.

Por tanto, insisten en que a lo largo del año 2022, y hasta el 31 de diciembre, deberán ponerse en marcha en Melilla la ZBE al menos en el centro de la ciudad.

“No existe en Melilla ningún reglamento que proteja a la ciudadanía de la mala calidad del aire, ni información en tiempo real de los días en que las partículas PM10 y PM2.5 superan los niveles máximos y que se conoce por mediciones fragmentarias realizadas en Melilla con equipos móviles”, manifiestan.

Según los ecologistas, la consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad estimó en 6 millones de euros el gasto de crear en la ciudad una ZBE, sin contar el contrato de asesoría técnica para redactar el proyecto de ZBE, aunque apuntan que aun no se ha solicitado hasta el momento al Estado ninguna ayuda para el desarrollo de esta ZBE.

Por ello instan al Ejecutivo a que se incluya una partida finalista de 6 millones de euros para el desarrollo de la ZBE en Melilla a costa del presupuesto de la ciudad al tiempo que se contrata la asesoría técnica para la definición de la ZBE y la redacción del presupuesto.

Igualmente solicitan que deberá desarrollarse un reglamento que garantice el derecho a la calidad del aire de la ciudadanía y la regulación de la Zona de Bajas Emisiones que tendrá que incluir las sanciones a su incumplimiento.

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