La Consejería de Fomento abrirá un expediente para resolver las irregularidades urbanísticas denunciadas por el Colegio de Arquitectos hace varios años en las urbanizaciones Aznalmara, La Quinta y Jardines del Mar, que fueron reconocidas por una sentencia judicial hace un par de años y ahora han sido ratificadas en otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Esta sentencia obliga a restituir la legalidad urbanística en esas tres urbanizaciones privadas de Melilla. El consejero de Fomento, Miguel Marín, dijo al respecto que el Gobierno “va a respetar las resoluciones judiciales” y para ello abrirá un expediente para resolver “aquellas cuestiones que estén pendientes”.
No obstante, recordó que este asunto se remonta a principios del año 2000, de modo que “habría que analizar cuál es la génesis porque igual nos llevamos la sorpresa de que este Gobierno no tiene absolutamente nada que ver porque son gobiernos anteriores al Ejecutivo Imbroda los que llevaron a cabo el inicio de esos procedimientos administrativos”.
Cuando este asunto fue objeto de debate político hace dos años, el propio Marín dijo que las irregularidades urbanísticas denunciadas por el Colegio de Arquitectos de Melilla, y reconocidas por una sentencia judicial, corresponden a la gestión realizada por la consejera de Fomento de aquella época, la socialista Mari Carmen Muñoz.
Al aplicar lo que dice la sentencia, Marín dijo que “en cualquier caso el perjudicado al final va a ser el vecino porque no se trata de terrenos que se haya quedado la Ciudad Autónoma, sino que la comunidad de propietarios tuvo que hacer una entrega de la parte correspondiente a la Ciudad”.
