A petición de una madre, también han interpuesto una denuncia a la fiscalía de Menores
Joan Casares, presidente de FAMPA Melilla ha convocado rueda de prensa para tratar la situación de los cuidadores y la nueva denuncia interpuesta a la fiscalía de Menores.
En relación a los cuidadores, ha indicado que el año pasado la Ciudad Autónoma de Melilla hizo un par de convenios con el Ministerio de Educación, con el objetivo de contratar cuidadores para todos los centros de Melilla. El primero de ellos, “Convenio de Compensación”, incluía a 10 personas, donde la gran mayoría se incorporaron en el Reina Sofía, cuyo contrato, que comenzaba el 15 de noviembre, termina el próximo 30 de junio.
El segundo convenio, de 25 cuidadores que fueron repartidos por el resto de colegios de la Ciudad, finaliza también el día 30 de junio.
En ese momento, se hizo la previsión de renovar automáticamente el convenio para el curso escolar 2023/2024, que comienza la primera semana de septiembre, pero la FAMPA tiene ciertas dudas ante la posibilidad de que el nuevo gobierno de la Ciudad quiera impugnar el contrato y se alargue demasiado en el tiempo.
Según explica Casares, los convenios se aprobaron el año pasado justo antes de las vacaciones y no estuvieron disponibles hasta el 15 de noviembre por burocracias administrativas y teme que este año se encuentren con un inicio de colegio sin cuidadores o con un número mínimo de ellos.
Además, Casares ha puntualizado que, de las 153 personas apuntadas en la bolsa de empleo, para cubrir esas 35 primeras plazas, se tuvieron que llamar a 68 personas de la lista, por orden de puntuación; otro handicap más a la incertidumbre que ya tienen, señala; ya que, la posibilidad de que comiencen a llamar a los cuidadores a partir del número 68 de la bolsa, supondría contratar a los aspirantes que menos puntos tienen y, aunque entiende que “todo el mundo tiene derecho a trabajar”, insiste en que se trata de un convenio que trabaja con niños con discapacidad, que ya se han acostumbrado a los cuidadores y los cuidadores a ellos, por lo que consideran la conveniencia de que estos mismos, fuesen los trabajadores para los próximos años.
En todo caso, FAMPA Melilla solicita, al menos, que se comience de inmediato, aunque sea el gobierno en funciones, con la renovación de cuidadores, para que los contratos estén preparados y listos en la primera semana de septiembre.
En otro orden de cosas, Joan Casares ha informado de la denuncia que han tenido que poner a petición de una madre ante la fiscalía de Menores, en relación a la no inscripción de su hijo con un 65% de discapacidad por movilidad reducida, en el centro que habían escogido. Por proximidad a su domicilio y por continuar con la mayoría de sus compañeros de colegio, los familiares del niño solicitaron el IES Virgen de la Victoria y el MEC, tras rechazar la petición, le ha asignado el IES Juan Antonio Fernández, que se encuentra mucho más lejos del domicilio; señalando que este instituto está más adaptado para su situación.
Según aclara el presidente de FAMPA Melilla, la página web del IES Virgen de la Victoria destaca su adaptación para personas con movilidad reducida y la única excusa que el MEC podría dar al respecto, es que no tienen cuidador.
Cataloga este hecho de “abuso institucional” y recuerda, que la obligación del MEC es poner los medios adecuados para un niño pueda tener su continuidad.
En ningún caso entienden que, existiendo una ley que cuida “sobremanera” a las personas con discapacidad, sigan teniendo este tipo de problemas, en el que la única negociación sea “lo tomas o lo dejas”.
