El Consejo de Ministros ha aprobado, en primera vuelta, el anteproyecto de Ley del Estatuto de las Personas en Formación Práctica No Laboral en el Ámbito de la Empresa, conocido como Estatuto del Becario. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social más de dos años después de su presentación, inicia ahora su tramitación parlamentaria.
El Estatuto del Becario es una ley destinada a regular las prácticas no laborales en las empresas, estableciendo su marco jurídico y definiendo los derechos y obligaciones de las personas en formación, así como las sanciones aplicables a las entidades que incumplan la normativa.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha calificado esta medida como “la reforma laboral para las nuevas generaciones”. Según explicó, el objetivo es que las prácticas sirvan exclusivamente para formarse y aprender, y no para sustituir a trabajadores. “Una persona en prácticas no laborales no puede sustituir a un trabajador; a partir de ahora, quienes se estén formando van a tener derechos”, subrayó.
Las empresas estarán obligadas a compensar los gastos derivados de la práctica, como desplazamientos, alojamiento o manutención, conforme a lo que se establezca en el convenio o acuerdo de cooperación. Además, se introduce un régimen sancionador con multas que pueden alcanzar los 225.018 euros en los casos más graves. Las infracciones muy graves se sancionarán con entre 7.501 y 30.000 euros en su grado mínimo, entre 30.001 y 120.005 euros en su grado medio, y hasta 225.018 euros en su grado máximo. Se considerarán muy graves las infracciones por discriminación (por edad, sexo, origen, religión, orientación sexual o ideología) o por trato desfavorable ante reclamaciones de igualdad.
En cuanto a la duración de las prácticas, las extracurriculares no podrán superar las 480 horas ni el 15 % de los créditos ECTS de la titulación. En el caso de los títulos propios universitarios, el conjunto de prácticas curriculares y extracurriculares no podrá exceder el 25 % de los créditos ECTS, o los tres meses cuando la titulación tenga al menos 60 créditos.
Las personas en formación pasarán a formar parte del entorno laboral de la empresa y tendrán derecho a utilizar los mismos espacios y servicios que el resto de los trabajadores. Deberán respetar las normas de funcionamiento y de prevención de riesgos laborales, mantener la confidencialidad y el secreto profesional, y seguir las directrices de su tutor o tutora, tanto en la empresa como en el centro académico.
Por su parte, los estudiantes deberán incorporarse en la fecha acordada, cumplir el horario establecido, realizar las actividades con diligencia y mantener contacto con su tutor académico, comunicándole cualquier incidencia. También estarán obligados a entregar los informes o documentos de seguimiento que se les requieran durante el periodo de prácticas.
Finalmente, el texto deberá ser tramitado por las Cortes Generales, donde será debatido, podrá ser modificado y, en su caso, aprobado de forma definitiva.
