Por Francisco Robles
La pandemia afectó en el mundo a todos los ámbitos de la sociedad, y al económico de forma especial al sufrir una ralentización fruto de tres consecuencias: el descenso global de la producción, la interrupción de las cadenas de distribución y suministro, y finalmente el impacto financiero empresarial y del mercado de valores.
La Unión Europea concibió un instrumento temporal -conocido como NextGenerationEU-, para hacer frente a las citadas consecuencias, que dotado con algo más de dos billones de euros, es el mayor estímulo económico financiado en la historia de la U.E.; el mismo persigue la recuperación de una Europa que debería de ser más ecológica y digital, así como resiliente al cabo de diez años.
El concepto de resiliencia tiene su aplicación en esta situación, para expresar la capacidad de adaptación a la situación de infortunio padecida, con una voluntad decidida para ello y expresada en la disposición de los recursos de toda índole necesarios, con el objetivo añadido de salir fortalecido de la misma.
España no fue ajena a los efectos de la Covid-19, más bien los datos indican que fue de los países europeos más afectados, y para luchar contra ello el gobierno de Pedro Sánchez elaboró un plan -El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-; aprobado en abril de 2021, persigue mediante cuatro ejes (la trasformación ecológica, la trasformación digital, la cohesión social y territorial, la igualdad de género), el cambio del escenario en España en el plazo de diez años, todo ello merced a la financiación derivada de los fondos NextGenerationEU, que para España será de 140.000 millones de euros.
La evolución del P.I.B. puede ser un buen indicador macro, así –y la historia se repite, como se puede repetir en 2024-, a partir de 2012 el gobierno entrante (Pp) tuvo que afrontar los efectos de una política cifrada en el derroche&desenfreno de un gasto social irracional, y para ello la política de “pie en pared” y control del gasto puesta en marcha, llevó a un estancamiento del P.I.B. durante el período 2012-2014, para a partir de 2015 empezar una remontada contínua que tuvo efectos hasta 2019, para en 2020 –y relacionado con la pandemia-, bajar más del 11%.
Estos datos tienen letra pequeña, pues el descenso del 11,3% del 2020 debió de ser menor con unas medidas más acertadas y oportunas –con una mejor puesta en práctica- por parte del gobierno español, como lo demuestra que en la U.E. el descenso medio fue del 5% (la mitad de lo que sufrió España).
España va a recibir 140.000 millones de euros de los fondos NextGenerationEU, la mitad -70.000 millones- en el período 2021-2023.
A la comprobada incapacidad de España de gestionar fondos de tal entidad hasta ahora-el grado de ejecución medio ha sido del 50%-, se une la incapacidad manifiesta del gobierno de coalición que dirige España; lo que además se agrava, al estar los dos partidos del gobierno -desde hace un año-, en una carrera desenfrenada de índole electoral, para mostrar su progresismo social, basado exclusivamente en el incremento del gasto público, y en crear una sociedad dependiente de las subvenciones públicas, fomentando el rentismo social y el rechazo a todo lo que suene a privada (iniciativa empresarial, propiedad, etc..), como si estuviéramos en otra república sudamericana -y bolivariana añado-.
Con estos componentes, sinceramente, la confianza en el resultado es escasa o nula, porque aunque algunos datos como la evolución del P.I.B. invitan al optimismo, la realidad económica es otra, como indican la negativa evolución de la inflación y de los costes a la producción, o las crecientes cargas tributarias y gravámenes.
Esperemos que tan importante apoyo económico, no quede en lo que resultó el Plan Ñ de Zapatero (también conocido como el Plan de las rotondas), y se usen para dar el imprescindible cambio de las estructuras y escenarios socioeconómicos que España necesita. Veremos cómo acaba esto.
