Las cotizaciones sociales representan el 25,8% del total de los ingresos fiscales en nuestro país. Las empresas y autónomos, que se sienten ninguneadas y maltratadas, se quejan del afán recaudatorio del gobierno y afirman que este recauda para comprar votos con políticas “sociales”. También denuncian que la recaudación no revierte en la mayoría de la sociedad, al menos no en la productiva.
Un estudio del IEE y Tax Foundation muestra el gran peso que tienen en España las cotizaciones que pagan los autónomos y empresarios, por ellos y por sus trabajadores, frente a otros países europeos. Según se desprende del estudio, España ya es el tercer país de la UE donde más pagan las empresas por cotizaciones sociales.
El estudio de “Competitividad fiscal empresarial 2025”, el nuevo indicador de la contribución fiscal empresarial total, revela que España es el tercer país de la Unión Europea (UE) donde más pagan los negocios en concepto de seguros sociales sobre el total de la recaudación fiscal.
Del total de la recaudación en nuestro país, un 25,8% se recaudó en cotizaciones empresariales (de cada 1.000 euros recaudados, 250 fueron en seguros sociales de las empresas), solo por detrás de Estonia y de la República Checa, y muy por encima del promedio europeo, que se sitúa en el 17,9%.
Esta superior presión fiscal por cotizaciones en nuestro mercado laboral, superior a la media europea, puede tener importantes implicaciones en la competitividad empresarial y en coste que les supone a las empresas y autónomos el contratar empleados.
España, a diferencia de la mayoría de los países europeos, presenta una «alta dependencia» de las cotizaciones empresariales para financiar el sistema público de protección social.
“Estas contribuciones, que suponen un coste relevante para las empresas, aseguran la sostenibilidad de las prestaciones fundamentales como pensiones, asistencia sanitaria y seguros de desempleo”.
En ese sentido, en la UE coexisten sistemas con una distribución de la carga entre cotizaciones sociales y otros impuestos variada. Aparecen modelos de financiación de los sistemas de prestación social muy diferentes entre sí, donde conviven estructuras que se apoyan ampliamente en las cotizaciones sociales de los negocios —tienen una «alta dependencia» de los seguros sociales empresariales— y otras donde se cubren mediante impuestos o tributos generales.
El informe ha recopilado datos, del año 2023, de los diferentes países de la Unión Europea para establecer los ingresos porcentuales de las empresas en cotizaciones en relación al Producto Interior Bruto (PIB).
Según los datos, Estonia (32,6%), República Checa (27,9%) y España (25,8%) son los países donde los ingresos públicos más descansan en la recaudación de las cotizaciones empresariales.
Nuestro país es uno de los que más carga social impone a las empresas. Este ranking revela que el mercado laboral soporta una presión fiscal superior a la media europea y una «alta dependencia» de las contribuciones empresariales. Nuestro actual gobierno, para sus políticas ¿sociales?, exprime a empresas y autónomos al mismo tiempo que los ningunea e identifica con el mal explotador.
También países como Eslovaquia (24,8%), Francia (22,5%), Letonia (21,9%) o Italia (20,3%) presentan modelos en los que una parte importante del coste del Estado del bienestar recae sobre los empresarios.
Contrastan los porcentajes con otros países muy avanzados, como Alemania (17,4%), Austria (16,4%) o Eslovenia (15,7%), que se sitúan con una presión fiscal por cotizaciones empresariales más cercana al promedio europeo, lo que implica un mayor equilibrio entre las fuentes de ingresos en su estructura fiscal.
Los países que menos dependen de la recaudación de cotizaciones empresariales, aparecen Países Bajos (13%), Luxemburgo (11,4%), Hungría (11,3%) e Irlanda (9,6%), que obtienen mayores ingresos de otras formas de tributación.
También se dan casos extremos como Malta (8,2%), Suecia (6,2%), Rumanía (3,4%), Lituania (2,4%) y Dinamarca (0,1%), donde las cotizaciones sociales empresariales son prácticamente inexistentes.
Los negocios españoles pagan un 34% más en cotizaciones empresariales que sus homólogos de la UE
En otro apartado del informe se analiza la participación de las cotizaciones sociales pagadas por el empleador en el PIB de los países del territorio europeo en 2023, tomando como base 100 el promedio comunitario.
A partir de los datos, España se sitúa nuevamente como uno de los países más altos en la tabla —cuarta posición—, donde los negocios abonan un 34% más que el promedio de la UE en cotizaciones sociales empresariales con relación al PIB.
Se encuentra solo por detrás de Estonia, Francia y la República Checa. Para los expertos, la elevada carga sobre los costes laborales en nuestro país revela que el esfuerzo recaudatorio recae con más fuerza sobre las empresas, sugiriendo una “estructura fiscal desequilibrada”.
El cumplimiento fiscal para las empresas españolas no supone un coste y un obstáculo sólo porque los impuestos sean elevados frente al resto de la UE, sino también por su papel, “absolutamente central” para sostener las cuentas públicas.
España se sitúa como el cuarto país de la UE que más depende de la recaudación de las empresas, donde el 48,8% de la recaudación total se obtiene de impuestos a la actividad empresarial, frente al promedio del 39,4% en el territorio europeo.
