La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy y es conocida por sus detractores como ‘ley mordaza’, ha fracasado esta semana por el voto en contra de ERC y EH Bildu al dictamen elevado a la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados.
¿Y cuál es el argumento que expusieron? Esquerra y Bildu, los socios independentistas del Gobierno, habían adelantado su rechazo a la proposición de ley al considerar «insuficientes» los cambios pactados por el PSOE, Unidas Podemos y el PNV. «Es una reforma light y edulcorada», han sostenido en la Comisión de Interior.
Se refieren concretamente a la intención de algunos partidos de la izquierda, batasunos e independentistas de prohibir los rechazos en frontera en las fronteras, las conocidas como “devoluciones en caliente”. De haber prosperado esta propuesta, en Ceuta y Melilla hubiéramos estado “vendidos” porque el inmigrante que quisiera pasar a Melilla, solo tendría que poner un pie en suelo español, para ya no poder ser devuelto, aunque fuera pillado al instante, en el momento de cruzar.
Por ello, no es extrañar que los sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil hayan celebrado que el Congreso no haya llegado a un consenso para reforma la ley de seguridad ciudadana, al entender que la norma que aprobó en 2015 el PP se usa «con normalidad» y cambiarla como ha propuesto el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos «generaría inseguridad».
La mayoría de organizaciones policiales han rechazado el plan de PSOE y Unidas Podemos de cambiar esta ley, aprobada cuando era ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, al desconfiar desde el principio de la negociación abierta con ERC y EH Bildu, además de PNV. Por este motivo, se han manifestado en dos ocasiones en Madrid, la última vez el pasado 4 de marzo.
Tras conocer que el dictamen decaía en la ponencia de la Comisión de Interior sin llegar a pasar al Pleno del Congreso, se han «felicitado» por la no admisión a trámite de la proposición de reforma Ley Orgánica 4/2015.
No es para menos porque, para el caso de Ceuta y Melilla, se trataba prácticamente de una cuestión de supervivencia.
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