El pasado martes 4 de junio, la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado aprobó la propuesta del Grupo Parlamentario Popular de instar al Gobierno a manifestar su opinión sobre las actuaciones unilaterales adoptadas por Marruecos que han tenido un impacto negativo en la actividad comercial, económica y social de Ceuta y Melilla, dificultando la aplicación de sus respectivos modelos de sostenibilidad.
Asimismo, la propuesta incluía el requerimiento al Gobierno de constituir una Comisión Interministerial que, liderada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, incluyese representantes de varios Ministerios al objeto de analizar la problemática de ambas ciudades de forma multidisciplinar desde la perspectiva de las relaciones hispano-marroquíes.
Las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla han afrontado, históricamente, una realidad local afectada, muy significativamente, por su condición de ciudades fronterizas con el Reino de Marruecos. Se trata de las dos únicas ciudades españolas y europeas con frontera terrestre con dicho país.
La intención de España ha sido siempre y sigue siendo la de mantener unas relaciones de buena vecindad con nuestro vecino, presididas por la cordialidad, la amistad y la búsqueda de beneficios mutuos, en todos los ámbitos, para los ciudadanos a ambos lados de la frontera.
No obstante, no es menos cierto que el Reino de Marruecos, por medio de sus representantes políticos, de manera periódica, plantea reivindicaciones sobre la soberanía de ambas ciudades, posicionándose con relativa frecuencia de manera inamistosa y cuestionando la legitimidad de la soberanía de España sobre las mismas y los grupos de islas cercanos a las mismas, igualmente de soberanía española.
En la mayor parte de las ocasiones, las declaraciones no tienen más consecuencias que la manifestación de un presunto desacuerdo sobre el estatus jurídico e internacional de Ceuta y Melilla, que no cuenta con el más mínimo respaldo internacional.
Sin embargo, tampoco puede ocultarse que, en el ejercicio de su soberanía, el vecino país adopta, ocasionalmente, medidas unilaterales que representan un perjuicio para la sostenibilidad del modo de vida de ambas ciudades españolas en lo tocante al ámbito comercial, económico y social de las mismas.
En el texto de la moción propuesta por el Grupo Parlamentario Popular se ponen de manifiesto algunas de dichas medidas adoptadas por Marruecos de manera unilateral y las consecuencias que las mismas acarrean para las ciudades.
También se expresa en la moción que, tradicionalmente, hemos acometido cada una de las dificultades planteadas por nuestros vecinos, de manera sectorial. Las dificultades aduaneras por un lado, las de los flujos migratorios a través de nuestra frontera por otro, la de los menores del país vecino acogidos en Ceuta y Melilla por otro y así sucesivamente.
El Grupo Parlamentario Popular considera que, en beneficio de los cerca de 170.000 ciudadanos españoles residentes en ambas ciudades, el análisis de toda la problemática que afrontan en el desarrollo de su modelo de sostenibilidad, se vería beneficiado mediante la aplicación de una perspectiva multidisciplinar de los mismos, presidida por la óptica de las relaciones bilaterales entre España y Marruecos.
Para ello, propuso la configuración de una Comisión Interministerial con participación de representantes de diversos Ministerios, liderada por un representante del de Asuntos Exteriores, que, reuniéndose periódicamente, analice los múltiples problemas que experimentan ambas ciudades, identifiquen los impactos cruzados entre los mismos y propongan la adopción de medidas que ayuden a superarlos y a proporcionar a ceutíes y melillenses unas expectativas menos problemáticas de desarrollo de sus modelos de vida social, comercial y económica.
Esta propuesta fue ya formulada en la pasada legislatura en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, siendo rechazada por la mayoría que representaban los Grupos Parlamentarios que respaldaban al Gobierno. Tras el rechazo de la misma, se constituyó una ponencia en el Senado orientada a reflexionar sobre los problemas específicos relativos a los territorios insulares y a los extrapeninsulares entre los que se encuentran Ceuta y Melilla. El resultado fue el acuerdo para la constitución de la Comisión Mixta de insularidad a la que actualmente se acogen los parlamentarios de Ceuta y Melilla pero que, finalmente, no ha incluido en su denominación el término de extrapeninsularidad ni los de Ceuta o Melilla. No obstante, agradecemos que, de momento, se haga eco, a nivel parlamentario, de algunas de las múltiples inquietudes que, sobre su futuro, contemplan los ciudadanos de Ceuta y Melilla.
Por otra parte, en octubre de 2022, el Consejo de Ministros promulgó los llamados Planes Estratégicos Integrales para Ceuta y Melilla, que, poniendo su horizonte en 2026 y bajo la responsabilidad del Ministerio de Política Territorial aún hoy, en junio de 2024, no han visto materializarse ninguna medida de las incluidas en dichos Planes. Parecen dos más de esos planes que, anunciados a bombo y platillo, no se materializan en nada.
Lo que sí que se materializó, lamentablemente, en 2023, por Real Decreto Ley, no tramitado como Proyecto de Ley, fue la suspensión de la bonificación de las cuotas a la Seguridad Social, que, desde 2004, permitía promover la creación de empleo en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
En resumidas cuentas, planes prometedores no ejecutados y actuaciones perjudiciales para el delicado tejido empresarial y comercial de ambas ciudades, ejecutadas de manera inmediata, a pesar de las múltiples advertencias y constataciones de sus efectos nocivos.
Los últimos seis años, que comenzaron simbólicamente con el cierre unilateral de la aduana comercial de Melilla por parte de Marruecos, sin que hasta la fecha se perciban indicadores claros que conduzcan a su reapertura, así como a la apertura de una semejante en Ceuta, no permiten ser muy optimistas.
La propuesta, como digo, fue respaldada por la Comisión de Asuntos Exteriores con el voto en contra, exclusivamente, del Partido Socialista Obrero Español, cuyo portavoz se preguntó si lo que se pretendía era crear un problema diplomático con Marruecos. La respuesta a esas dudas fue disipada inmediatamente. La intención, expuesta por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, es que el Gobierno español se manifieste públicamente comprometido con la defensa del interés de ceutíes y melillenses. Lógico ¿no?
