Han instado al Gobierno local a que adopte las medidas necesarias para garantizar la protección, la seguridad y la integridad de los responsables públicos y el resto de compañeros empleados públicos en el ejercicio de sus funciones
Medio centenar de empleados públicos y personal directivo de la Ciudad Autónoma de Melilla se han concentrado este miércoles frente al Palacio de la Asamblea para mostrar su apoyo y solidaridad hacia el director general de Función Pública, Antonio Carmona Saavedra, ante “las situaciones de presión, hostigamiento y descalificaciones personales que viene sufriendo en el ejercicio de sus responsabilidades públicas”.
Francisco Rubio Soler, secretario técnico de Administraciones Públicas, ha afirmado al respecto que se han producido determinadas conductas dirigidas a Carmona que “exceden de la legítima discrepancia o crítica inherente a la actividad administrativa”.
Tales actuaciones, ha señalado, han consistido en “episodios de presión personal, seguimiento en la vía pública, expresiones intimidatorias, así como manifestaciones de hostigamiento que han alcanzado incluso al ámbito de su entorno familiar”. Ha afirmado que este presunto acoso de personas que demandan trabajar en la Ciudad Autónoma no ha llegado, por el momento, a la agresión física.
Aun así, ha señalado que este “hostigamiento” hacia Carmona, con un “último encontronazo frente a toda su familia”, por parte del presunto acosador, ha provocado que coja la baja médica. Asimismo, han interpuesto hasta tres denuncias ante la Policía porque la situación es “insostenible”. “Es una injerencia en las labores propias del personal a favor de la ciudad, al servicio de la ciudad, que no solo afecta a Antonio (Carmona), al director general, sino también se ha llevado a cabo con otros empleados públicos que están al servicio de la ciudad también”, ha subrayado.
Crítica sí, pero no “trato vejatorio”
Rubio Soler ha subrayado que “quienes desempeñamos nuestras funciones en la administración pública lo hacemos con cumplimiento del mandato constitucional al servicio de interés general, con pleno sometimiento a la ley y al derecho”. Admiten, por tanto, la crítica, la discrepancia o la reivindicación de derechos, cuestiones que forman “parte inherente a la sociedad democrática”, pero, sin embargo, “en ningún caso puede derivar de comportamiento intimidatorio, vejatorio o coactivo que vulnere la dignidad, la integridad personal o la seguridad de quien ejerce responsabilidades públicas”.
Por todo lo expuesto, manifiestan su “firme apoyo” al compañero afectado y, al mismo tiempo, instan al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla a adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección, la seguridad y la integridad de los responsables públicos y el resto de compañeros empleados públicos en el ejercicio de sus funciones, “evitando la reiteración de situaciones de presión o intimidación contrarias al ordenamiento jurídico y, desde luego, con el normal funcionamiento de las instituciones de la ciudad”.
La consejera de Presidencia y Administración Pública, Marta Fernández de Castro, ha asistido a la concentración para mostrar su apoyo al director general de Función Pública.
