La propuesta legislativa no aborda problemas urbanísticos fundamentales y podría perjudicar a los melillenses más vulnerables.
Emilio Guerra, diputado a la Asamblea por CPM, ha expresado su disconformidad con la Proposición de Ley de Vivienda y Suelo del Partido Popular, afirmando que «no resuelve el problema urbanístico de Melilla». Según Guerra, la disposición adicional tercera de la propuesta permitiría a Ceuta y Melilla aprobar sus instrumentos de ordenación urbanística con un simple informe previo del Estado, en lugar de la aprobación expresa actualmente requerida por Madrid. El Partido Popular presenta esta medida como un logro histórico de autogobierno, pero Guerra señala que sería solo un «avance administrativo» que no aborda las «raíces del problema».
Melilla continúa siendo, junto a Ceuta, la única región de España sin una ley del suelo propia. La normativa vigente data de 1976, y ningún gobierno ha actualizado este texto preconstitucional. Guerra critica que la proposición del PP no corrige esta anomalía, ya que solo modifica los plazos de tramitación sin crear el marco normativo que Melilla necesita.
Además, Guerra destaca que la propuesta no aborda la cesión de suelo militar, un aspecto crucial que limita el crecimiento de la ciudad, donde un tercio del territorio está afectado por usos o servidumbres del Ministerio de Defensa. Así mismo, indica que no se asigna financiación adicional al Plan Estatal de Vivienda, del cual Melilla recibirá 1,4 millones de euros anuales hasta 2030, una cantidad que considera «insuficiente».
Coalición por Melilla (CpM) ha defendido históricamente que Melilla recupere plenas competencias urbanísticas y continuará haciéndolo. Guerra critica que el PP llame «avance histórico» a lo que considera un «retoque procedimental», que incluye medidas perjudiciales para muchos melillenses: eliminación de zonas tensionadas de alquiler, reducción de plazos de protección contra desahucios y endurecimiento del umbral de vulnerabilidad económica.
Guerra subraya que, en un contexto donde los precios de la vivienda han aumentado considerablemente, desmantelar los mecanismos de protección para los inquilinos más vulnerables no es urbanismo, sino «ideología». Rechaza respaldar un texto que mejora la posición administrativa de la Ciudad Autónoma a costa de empeorar las condiciones de vida de sus ciudadanos.
Finalmente, Guerra reivindica que el Gobierno de la Ciudad presente ante la Asamblea el estudio técnico sobre la reforma del Estatuto de Autonomía, comprometido públicamente por el presidente Imbroda en febrero de 2025 y aún pendiente. Propone la convocatoria de una mesa con todos los grupos de la Asamblea para trabajar en un plan de vivienda pública propio, que contemple suelo, financiación y cronogramas reales, y aboga por mejorar la eficacia política y negociadora con el Gobierno de España para conseguir cesiones de suelo militar.
