Ocurrió el pasado lunes 20. La isla de La Palma sufría el segundo día de la erupción del volcán Cumbres Viejas; miles de vecinos tenían que ser evacuados; docenas de casas empezaban a ser arrasadas por la lava; las infraestructuras, desde carreteras al tendido eléctrico, quedaban destruidas… Pero a la ministra de Turismo, Reyes Maroto, le parecía un “espectáculo maravilloso”, que podía ser utilizado como “reclamo turístico”.
Ha sido, por ahora, una de las muestras más notables de la estupidez de una clase política que se caracteriza por su extrema mediocridad. Es una estupidez que está generalizada en partidos, sindicatos, instituciones y administraciones públicas, pero que brilla de forma destacada en el actual Gobierno de Pedro Sánchez. No hay precedente de semejante nómina de inútiles, que además son más numerosos que cualquier otro gabinete de la historia de España, con 23 miembros.
A la cabeza de todos, naturalmente, está Sánchez, pero tras él, en sus gobiernos, hay una larga lista: Calvo, Ábalos, Calviño, Grande Marlaska, González Laya, Celaa, Duque, Castells, las Montero, Garzón, Ribera, Díaz, Planas, Belarra, etc. Todos ellos han protagonizado estupideces que tardarán mucho tiempo en ser olvidadas. Apenas si se salvan la ministra de Defensa, Margarita Robles; el nuevo ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y la nueva portavoz, Isabel Rodríguez.
Y junto a la estupidez, la mentira. La vicepresidenta económica, “Nada” Calviño, presentó un cuadro presupuestario días antes de que sus previsiones fueran desmentidas por el Instituto Nacional de Estadística, por lo que carecía de validez. Claro que fue superada por el propio Sánchez, que tras la imputación de la ex ministra de Asuntos Exteriores González Laya por la entrada irregular en España del dirigente polisario Ibrahim Ghali afirmó que todo se había hecho conforme a la ley. Hace tres meses, en junio, la entonces portavoz María Jesús Montero declaró en una rueda de prensa que Ghali había entrado en España con un nombre “diferente” al suyo, es decir, falso, lo que resulta ilegal. Siempre que Sánchez abre la boca hay un claro porcentaje de probabilidades de que mienta. En principio, todo cuanto diga no resulta fiable.
En medio de todo esto, el PSOE respaldó en el Senado la propuesta de un separatista catalán para que todo el trabajo de la cámara se efectúe en el idioma que prefiera el senador: español, catalán, vascuence, gallego o valenciano. Tuvo al menos la delicadeza de no introducir el silbo gomero.
Si se aprueba en los términos propuestos, el Senado se convertirá en una Torre de Babel, que desde los tiempos bíblicos sabemos que significa “confusión de lenguas” y que impidió el trabajo de quienes construían la famosa torre. No se trata sólo de contratar intérpretes que efectúen una traducción simultánea, sino que afectaría a las actas de las sesiones y su publicación. Habría que certificar la idoneidad de las traducciones, determinar cuál es el texto oficial y multiplicar las ediciones de los Diarios de Sesiones y textos legislativos.
Lo peor de todo, sin embargo, es que el PSOE respaldó la iniciativa de un senador de Junts per Cataluña, es decir, el partido separatista que tiene como líder al ex presidente golpista Carles Puigdemont, huido de la justicia desde hace cuatro años y detenido esta semana en la isla italiana de Cerdeña.
La propuesta es de muy dudosa constitucionalidad y tiene una clara finalidad política: contribuir a destruir la nación, uno de cuyos pilares es el idioma común. Resulta inimaginable algo parecido en Francia, Alemania, Reino Unido o Italia, donde también hay lenguas diferentes de la común y mayoritaria.
Constituye por tanto una extraordinaria exhibición de la estupidez política que marca actualmente al PSOE, o si se prefiere al sanchismo. Los españoles no nos merecemos a semejante banda.
