Han pasado casi siete años desde que el entonces viceconsejero de medio ambiente de la Ciudad de Melilla, del PP, Guillermo Eustaquio Merino, conocido popularmente como “el yiyo”, utilizó los medios de comunicación locales con acusaciones falsas, sin sentido, y carentes de todo fundamento, amparado por un cargo público, parapetándose en un supuesto derecho a la libertad de expresión.
Existen dudas sobre algunas actuaciones supuestamente delictivas de “el yiyo”, pero de lo que no hay duda es que lo que dijo no puede ampararse en la libertad de expresión, y mucho menos aprovechándose de la facilidad que proporciona un cargo público para ocupar portadas y minutos de televisión o radio locales.
Decir que una asociación ecologista como Guelaya-Ecologistas en Acción entorpece la gestión de la administración local, se guía por intereses políticos ligados a la percepción de ayudas públicas, en forma de subvenciones, procedentes del PSOE, del Reino de Marruecos, o de donde sean, poner en duda la honradez de las personas que trabajan en Ecologistas en acción por preguntar el destino de 400.000 euros de un proyecto, y afirmar que las personas que entonces formaban parte de la dirección de Ecologistas en Acción Melilla adoptaban actitudes chulescas o decían burradas y sandeces, no podía ser consentido en una sociedad de derecho, y así lo ha estimado el Tribunal Supremo.
Pero no podemos considerar esta sentencia como algo exclusivamente personal, que lo es, porque incumbe a personas concretas, sino que las queremos hacer extensivas a las personas que desempeñan un cargo público y que responden ante las críticas de asociaciones como la nuestra, pero también de otras, como si la libertad de expresión les diera derecho a proferir amenazadas e insultos, que según el
Supremo, no son de derecho, porque ha quedado claro que los cargos públicos deben soportar las críticas “aunque sean pertinaces y las consideren infundadas”, y desgraciadamente, no parece que sea el Sr. Guillermo Eustaquio Merino el único caso.
Pertenece a la propia esencia de una asociación ecologista velar por una correcta gestión pública del medio ambiente, y de otras asociaciones velar por la gestión pública en otros ámbitos, y así seguirá siendo.
Esta sentencia aclara la situación y anima a Guelaya-Ecologistas en Acción, pero creemos que a todo el mundo asociativo de la ciudad, y de nuestro país, que se ha visto atacado públicamente por cargos públicos, a seguir velando, desde la crítica social, por las políticas públicas de esta ciudad, Melilla, y de este país, porque es el nuestro.
