El Tribunal Constitucional (TC) celebrará mañana un Pleno extraordinario para abordar el recurso de amparo presentado por el PP donde pide suspender la tramitación parlamentaria de dos enmiendas por las que se reforma el sistema de elección y llegada al propio TC de los dos candidatos que corresponde nombrar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una suspensión que podría eludirse si los magistrados deciden debatir las recusaciones lanzadas por Unidas Podemos (UP).
Los once magistrados del TC están citados a las 10.00 horas del lunes para un Pleno extraordinario que contempla en su orden del día la deliberación y votación sobre la admisión a trámite del recurso ‘popular’ y las medidas cautelarísimas reclamadas por el partido político para impedir que la reforma quede aprobada el próximo jueves en el Senado.
Según las fuentes jurídicas consultadas, los seis magistrados de la mayoría conservadora se inclinan por dar vía libre a la suspensión de la tramitación parlamentaria, aunque algunas voces advierten de que hay «entusiasmos distintos», mientras que los cinco magistrados de la mayoría progresista no ven con buenos ojos la injerencia en el Poder Legislativo.
Las fuentes apuntan que el debate podría situarse en las recusaciones planteadas por UP contra el presidente del TC, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez –situados ambos en el bloque mayoritario–. El partido ‘morado’ cree que tienen un «interés directo» porque serían los dos magistrados reemplazados por los dos aspirantes nominados por el Gobierno –el ex ministro Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez– si la reforma queda aprobada.
Y ello porque, si González-Trevijano y Narváez no se apartan voluntariamente, se abre un incidente de recusación que tiene un efecto suspensivo sobre el conjunto del procedimiento hasta que quede resuelto, para lo cual hay una tramitación concreta que contempla plazos de varios días, un paréntesis durante el cual daría tiempo a que el Senado aprobara en su Pleno del próximo jueves la proposición de ley que elimina la sedición y todas sus enmiendas, incluidas esas dos.
