El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha hecho un llamamiento a la movilización de policías de toda España, incluidos los de Melilla, para pedir que se dote a las fuerzas de seguridad de un marco jurídico que les proteja frente a la «desmedida escalada» de agresiones y desobediencia contra los agentes.
Así lo ha expresado la organización sindical en un comunicado remitido por el secretario general del SUP melillense, Jesús Ruiz Barranco.
El SUP ha reivindicado la necesidad de endurecer las penas por agresión a policías y recuperar el «principio de autoridad», todo ello con el fin de acabar con el «desastre» de las agresiones contra agentes.
«No pararemos hasta recuperar medidas punitivas que pongan fin a este desastre», ha manifestado el SUP, convocando a todos los trabajadores de la Seguridad Pública para que a partir de septiembre salgan a las calles con el fin de «plantar cara al problema».
En este sentido, la organización ha sostenido que ha llegado el momento de «movilizar a todas las policías del Estado» frente a una «lacra de desobediencia» y agresiones que se extienden «como la pólvora» por todo el país.
«Estamos sometidos a una lupa que nos acusa de pusilánimes o asesinos según sean nuestras intervenciones en vía pública bajo el objetivo de los móviles que nos graban y difunden. Caldo de cultivo también para que algunos lo conviertan en su nuevo deporte de riesgo», ha criticado el SUP.
“Sale gratis”
Desde el sindicato también se han mostrado «hartos» de «tantas agresiones» que tienen una «nula consecuencia jurídica». Además, han calificado como «vergonzoso» que el colectivo de funcionarios públicos que «más expuesto se ve a este tipo de delito» sea el «más desprotegido», a diferencia de jueces o políticos.
«No puede salir gratis un delito que hasta 1995 se castigaba con penas de 6 años de prisión y que en la actualidad se puede cometer sin llegar a sufrir ningún tipo de consecuencia, ni tan siquiera la más ínfima de las medidas cautelares», ha denunciado SUP en el escrito.
Por otra parte, el SUP ha lamentado que las reiteradas peticiones con tal motivo al ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, han servido «de poco». Ante esta situación, desde el sindicato recurrieron a la ministra de Justicia en funciones, Pilar Llop, quien les habría devuelto a «la casilla de salida» remitiéndoles de nuevo a Marlaska.
