El sindicato policial considera un “absoluta irresponsabilidad” que el Ejecutivo central anuncie esta regularización extraordinaria “sin explicar cómo se va a garantizar la seguridad, quién va a asumir el control policial y con qué medios reales se pretende ejecutar”
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) considera una “absoluta irresponsabilidad” la medida pactada entre el Gobierno de España con Podemos para regularizar a más de 500.000 inmigrantes en situación irregular en España “sin explicar cómo se va a garantizar la seguridad, quién va a asumir el control policial y con qué medios reales se pretende ejecutar”.
“La Policía Nacional no diseña la política migratoria, pero sí es quien asume las consecuencias de decisiones políticas mal planificadas”, ha dejado claro el sindicato policial en una nota de prensa, lamentando la ausencia de “explicación alguna sobre quién verificará identidades, cómo se comprobarán antecedentes reales ni cómo se va a absorber una carga de trabajo que puede afectar a más de un millón de personas en un cuerpo policial ya saturado”.
En este sentido, ha aclarado con firmeza que “no tener antecedentes penales no significa no tener antecedentes policiales”, ya que hay personas investigadas, identificadas o vinculadas a hechos delictivos “que no han sido condenadas”, por lo que regularizarlas “de forma masiva y sin un análisis individualizado es una temeridad desde el punto de vista de la seguridad pública”.
“Efecto llamada”
Por otro lado, ha advertido que este anuncio provocará “un efecto llamada directo e inmediato”. “Regularizaciones amplias, con requisitos laxos y fechas límite claras envían un mensaje inequívoco: entrar de manera irregular acaba teniendo premio”, manifiesta, lamentando que este mensaje lo paguen “los policías que luego tienen que gestionar la presión en fronteras, costas y calles”.
Considera “especialmente grave” que, además, se pretenda señalar y desacreditar a la Policía hablando de “racismo institucional”, una acusación que consideran falsa, injusta y profundamente irresponsable”. “Los policías se limitan a aplicar la ley vigente, y utilizar ese discurso para tapar la falta de planificación política es intolerable”, apostillan.
“Cálculos cortoplacistas”
Para el sindicato estas decisiones responden a “cálculos políticos cortoplacistas” y no a “una estrategia seria de gestión migratoria ni a una preocupación real por los derechos de las personas migrantes o por la seguridad ciudadana”. “El resultado es siempre el mismo: beneficio para las mafias que trafican con seres humanos y abandono institucional de la Policía”, lamentan.
