El salto a la valla del 24 de junio sigue coleando

El salto a la valla de Melilla del pasado 24 de junio sigue coleando casi siete meses después. Una de las ONG más importantes del mundo, Human Rights Watch (HRW), lo aborda como uno de los temas principales de 2022 en su Informe Anual, publicado ayer en todo el mundo.
Dice, textualmente, así:
“El 24 de junio, al menos 23 hombres africanos murieron durante un intento por entrar en territorio español donde una multitud de hasta 2.000 personas trataron de escalar la valla que separa el enclave de Melilla del territorio marroquí. Las causas de la muerte no se han determinado definitivamente. Las imágenes del suceso mostraban cómo la policía marroquí golpeaba a las personas que escalaban la valla y cómo la policía española utilizaba gases lacrimógenos y colaboraba con sus homólogos marroquíes para devolver a las personas al otro lado de la frontera. Decenas de inmigrantes y fuerzas policiales de ambos lados de la frontera resultaron heridos. Las autoridades españolas confirmaron posteriormente que habían devuelto sumariamente a las personas a Marruecos. Periodistas de investigación publicaron en noviembre que un migrante había muerto en territorio español y que su cuerpo aún no había sido devuelto a su familia”.
Uno de los responsables de la ONG fue más explícito al señalar que los rechazos en frontera, o la política de «devoluciones en caliente» que aplica España, contribuyó a provocar muertes de inmigrantes en 2022.
La delegada del Gobierno, Sabrina Moh, no se ha querido pronunciar al respecto alegando que ya se han dado “todas las declaraciones” desde el Gobierno y que ella no tenía más que añadir a lo ya expresado por Moncloa.
La ministra de Justicia también se manifestó en esa línea este jueves en el Parlamento Europeo. Señaló que el titular español de Interior, Fernando Grande-Marlaska, «ha dado, da y dará todas las explicaciones que sean oportunas y necesarias» sobre la tragedia, como ha hecho ante el Parlamento español y los medios de comunicación.
El problema es que, aunque el Gobierno crea que ya lo ha dicho todo, en realidad no es así y la poca información que ha ofrecido ha sido desmontada por investigaciones independientes y de organismos oficiales como el Defensor del Pueblo, por ejemplo. Esa opacidad provoca que, siete meses después, este asunto no se haya podido cerrar.

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