El Real Instituto Elcano ha publicado un análisis elaborado por Alejandro del Valle Gálvez que destaca la necesidad de renovar los discursos sobre la españolidad de Ceuta y Melilla, subrayando su condición de espacios democráticos europeos y multiculturales en el contexto del Mediterráneo. Este estudio propone adaptar los relatos tradicionales para reforzar la posición de las ciudades autónomas tanto a nivel nacional como internacional.
El análisis plantea que los argumentos históricos que han sostenido la soberanía española sobre Ceuta y Melilla, basados en tratados firmados entre los siglos XVIII y XX con los sultanes marroquíes y en el principio de integridad territorial, deben complementarse con nuevas narrativas que resalten su integración en la democracia española y en el marco de valores europeos. Estas narrativas sitúan a las ciudades como democracias soberanas en una región predominantemente no democrática, destacando su pleno respeto a los derechos humanos y principios fundamentales de la Unión Europea, como el Estado de derecho, la tolerancia, la igualdad y la solidaridad.
El estudio contextualiza esta propuesta en un momento de transformaciones geopolíticas globales, influenciadas por conflictos como las guerras en Ucrania y Palestina, y en un área como el Estrecho de Gibraltar, marcada por tensiones estratégicas. Marruecos, que sigue reivindicando estas ciudades como parte de su territorio, mantiene esta postura como parte de una política de Estado inscrita en su Constitución de 2011, que define las “fronteras naturales” del país. Según el autor, esta reclamación territorial forma parte de una estrategia activa y constante, adaptada a los cambios en el escenario internacional y las relaciones con España.
España, por su parte, fundamenta su soberanía en títulos jurídicos sólidos reconocidos por el derecho internacional. En el caso de Ceuta, el título se remonta a su cesión por Portugal en 1640, mientras que Melilla fue incorporada al Reino de Castilla en 1497. Además, la soberanía española sobre estos territorios ha sido confirmada reiteradamente por acuerdos con entidades presoberanas en Marruecos desde el siglo XVIII. Sin embargo, el autor del análisis considera que estos argumentos históricos, aunque válidos, pueden ser objeto de interpretaciones políticas adversas, lo que hace necesario un enfoque más proactivo y actualizado.
El informe subraya que España debe revisar su tradicional actitud reactiva ante las crisis con Marruecos, como la ocurrida en mayo de 2021, cuando se utilizó la inmigración masiva como instrumento de presión política. Este episodio, que buscaba modificar la postura española respecto al Sáhara Occidental, fue condenado internacionalmente, incluido el Parlamento Europeo. Del Valle Gálvez argumenta que una mayor implicación de la Unión Europea es crucial para equilibrar las relaciones bilaterales entre España y Marruecos, especialmente en lo que respecta a la protección de las 170.000 personas que residen en estas ciudades autónomas, todas ellas ciudadanos europeos.
En este sentido, se propone anclar la soberanía española sobre Ceuta y Melilla en el periodo de la Baja Edad Media, coincidiendo con el nacimiento histórico del Estado español. Este enfoque evita vincular estos territorios con el periodo de colonización europea de los siglos posteriores, reforzando así su condición de plazas soberanas desde el origen del Estado moderno. El autor señala que esta perspectiva histórica es jurídicamente más sólida y menos susceptible a cuestionamientos políticos.
Contrarrestar las descripciones peyorativas empleadas por Marruecos, como “presidios” o “enclaves coloniales”
El análisis también pone de relieve la necesidad de abordar la terminología utilizada en el debate sobre Ceuta y Melilla, contrarrestando las descripciones peyorativas empleadas por Marruecos, como “presidios” o “enclaves coloniales”. En lugar de ello, se propone promover un lenguaje que refleje la realidad democrática, histórica y jurídica de estas ciudades.
Una política exterior específica hacia Marruecos, diferenciada de la que mantiene con otros países del Magreb
Por otro lado, el informe resalta que España debe adoptar una política exterior específica hacia Marruecos, diferenciada de la que mantiene con otros países del Magreb. Marruecos, según el autor, es al mismo tiempo un socio geopolítico prioritario y un adversario estratégico, debido a sus objetivos nacionales relacionados con la integridad territorial. Este doble rol exige una estrategia clara y adaptada, que refuerce la posición de Ceuta y Melilla como bastiones de democracia europea en un entorno regional complejo.
En el informe también se manifiesta que renovar las narrativas sobre Ceuta y Melilla no solo fortalece su españolidad, sino que también subraya su papel como símbolos de los valores democráticos europeos en una región donde estos principios no siempre están garantizados.
El documento, centrado en la narrativa y terminología adecuada para referirse a estas ciudades, rechaza calificativos peyorativos como «enclaves» o «ciudades ocupadas» y aboga por destacar su esencia como ciudades europeas del Mediterráneo sur, integradas plenamente en los sistemas democráticos de la UE y del Consejo de Europa.
A diferencia de Gibraltar, Ceuta y Melilla forman parte indiscutible del territorio español
El informe recalca que, aunque Marruecos mantiene una reclamación territorial sobre ambas ciudades, no se trata de una «controversia internacional» reconocida ni por España ni por organismos como la ONU. A diferencia de Gibraltar, Ceuta y Melilla forman parte indiscutible del territorio español y su condición de ciudades europeas se refuerza a través de los valores democráticos, los derechos humanos y el Estado de derecho, pilares fundamentales tanto de la Unión Europea como del Consejo de Europa.
Destacar más el carácter multicultural de Ceuta y Melilla, como ejemplos únicos de convivencia pacífica y respeto a las minorías religiosas y culturales
Otro de los puntos destacados es el carácter multicultural de Ceuta y Melilla, descritas como ejemplos únicos de convivencia pacífica y respeto a las minorías religiosas y culturales, incluyendo comunidades cristianas, musulmanas, hebraicas, hindúes y gitanas.
Esta realidad, según el autor, debería ser parte central de la narrativa sobre las ciudades, enfatizando su papel como territorios democráticos y multiculturales en la ribera sur del Mediterráneo.
El informe también aborda el papel de Ceuta y Melilla como fronteras exteriores terrestres del espacio Schengen, lo que las convierte en un foco de atención en la gestión migratoria. Del Valle Gálvez señala la necesidad de una mayor cooperación transfronteriza con Marruecos y de una presencia más visible de la agencia Frontex en ambas ciudades, al tiempo que insta a garantizar el respeto de los derechos humanos en las fronteras, como parte de una política migratoria integral.
El informe resalta que, aunque Marruecos durante décadas equiparó las situaciones de Ceuta y Melilla con Gibraltar en foros internacionales, desde finales de los años ochenta esta estrategia comparativa ha caído en desuso. Este cambio abre una oportunidad para España, que podría utilizar el paralelismo para reforzar su posición en la región.
El autor señala que el contexto democrático de Gibraltar, junto con el respeto a los intereses de su población, es clave en su proceso de descolonización supervisado por Naciones Unidas.
Sin embargo, enfatiza que ni Gibraltar, ni Ceuta ni Melilla poseen derecho de autodeterminación externa, aunque todas disfrutan de un derecho de autodeterminación interna bajo los valores democráticos de la Unión Europea y el Consejo de Europa. Esto las posiciona como territorios europeos con características únicas en la región.
El informe argumenta que la conexión democrática entre Gibraltar, Ceuta y Melilla puede ser útil para España en sus narrativas internacionales, al recalcar que los ciudadanos de estas ciudades participan activamente en procesos democráticos. Además, subraya que el vínculo de estos territorios con la Unión Europea y el Consejo de Europa les otorga un carácter distintivo frente a Marruecos, que no comparte los mismos estándares democráticos.
Del Valle Gálvez propone que Ceuta y Melilla sean incorporadas al proceso negociador sobre el futuro tratado entre el Reino Unido y la Unión Europea en torno a Gibraltar. Estas ciudades, según el análisis, podrían verse afectadas por la creación de un área de prosperidad compartida en el Campo de Gibraltar, y sus intereses deben ser representados adecuadamente en las negociaciones para garantizar que su posición en la región se fortalezca.
El texto también plantea la posibilidad de otorgar a Ceuta y Melilla un estatuto jurídico único en el marco de la Unión Europea. La propuesta incluye el reconocimiento de estas ciudades como “Ciudades Europeas del Mediterráneo sur”, lo que permitiría adaptar políticas europeas específicas a sus necesidades económicas, comerciales y fiscales, además de fortalecer su cooperación transfronteriza.
Obligación de España y la Unión Europea de garantizar la “seguridad democrática” en Ceuta y Melilla
Desde una perspectiva geopolítica, el análisis enfatiza la obligación de España y la Unión Europea de garantizar la “seguridad democrática” en Ceuta y Melilla. Estas ciudades representan espacios democráticos en la región del Mediterráneo occidental, donde España, como único Estado miembro de la UE con soberanía en el área, actúa como garante de los valores y derechos europeos en la región.
El informe concluye que España debe aprovechar su posición como único Estado europeo con jurisdicción en el Estrecho para reforzar su proyección geoestratégica. La creación de un marco normativo europeo adaptado a las necesidades específicas de Ceuta y Melilla no solo consolidaría su pertenencia al espacio europeo, sino que también fortalecería su capacidad para enfrentar desafíos locales y regionales.
En definitiva, el Real Instituto Elcano ofrece un enfoque renovado sobre cómo España podría posicionar a Gibraltar, Ceuta y Melilla como pilares democráticos y estratégicos en el contexto del Mediterráneo occidental, destacando la importancia de integrarlos en las políticas europeas y garantizar su desarrollo en un marco de cooperación internacional.
