El PSOE, sus socios de Unidas Podemos y sus aliados parlamentarios mantienen su intención de registrar esta semana la proposición de ley que recupere las enmiendas vetadas por el Tribunal Constitucional para reformar el sistema de elección de sus magistrados, pero en todo caso ya dejarán para el mes de enero los debates y votaciones para aprobarla.
Tras la decisión del tribunal de garantías, el PSOE sondeó a sus aliados para diseñar la estrategia a seguir. Aunque sólo estaban firmadas por los dos partidos del Gobierno, esas dos enmiendas contaban con el apoyo de los socios de investidura, que apoyaron su inclusión en la ley que deroga el delito de sedición, y ese procedimiento, no el fondo, es precisamente lo que el Tribunal Constitucional ha censurado.
Este martes, fuentes parlamentarias trasladaron la intención del PSOE de registrar esta misma semana una proposición de ley en el Congreso que incluya el espíritu de las dos enmiendas suspendidas por el Tribunal Constitucional para su propia renovación.
Asimismo indicaron que esta proposición de ley se hará mediante tramitación urgente y no descartaban que a ella se sumasen el resto de grupos parlamentarios que apoyaron la reforma del Código Penal que eliminó la sedición y modificó la malversación. En concreto, la norma salió adelante el pasado jueves en el Congreso de los Diputados con los votos favorables de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, PDeCAT, Más País y Bildu.
Por el momento desde el PSOE evitan concretar qué día van a presentar esta nueva proposición de ley en el Congreso y fuentes del Gobierno precisan que primero deben conocer los argumentos que esgrime el Constitucional para tumbar las enmiendas.
Eso sí, avisan de que actuarán pronto y no esperarán ‘sine die’ a que se haga público el auto del TC. A este respecto, otras fuentes parlamentarias señalan que será este mismo jueves cuando se presente el texto.
Las mismas fuentes esperan que la próxima semana, que todavía es periodo ordinario, la Mesa del Congreso pueda calificar la proposición de ley, pero dan por hecho que se aplazarán al mes de enero las sesiones necesarias para debatirla y votarla. Para ello pedirán que se habilite el mes de enero, que a priori ya es periodo extraordinario, según fija la Constitución.
