El tema de los menores es, claramente, un tema de ciudad en el que todos deberían ir a una y no por caminos divergentes si de verdad se quiere trabajar para encontrar una solución cuanto antes o, al menos, reclamarla ante el Estado con la mayor fuerza El problema de los menores
Mucho se está hablando estos días del problema de los menores extranjeros no acompañados que sufre Melilla. La cifra que acoge la Ciudad Autónoma, rozando los 600 menores, ha recrudecido el debate político, que ahora se enzarza en una cuestión de competencias, basado probablemente en una cuestión de interpretaciones nada objetivas y con ánimo de polemizar. Por un lado, Coalición por Melilla defendía el pasado miércoles que las competencias que tiene la Ciudad Autónoma para la protección y acogida de los menores sean devueltas al Estado, dos décadas después de que éste se las transfiriera con la aprobación del Estatuto de Autonomía. Casi al unísono, Ciudadanos también salía esa misma mañana opinando que el problema es tan grave que merece ser abordado en una comisión especial para buscar entre todos una solución. Pero al mismo tiempo aprovechaba la ocasión para lanzar una crítica política hacia el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, por haber dicho el día antes que el Estado debe involucrarse aportando más dinero por el gasto «desorbitado» que está suponiendo la gestión de estas competencias.
No se entiende la postura de ninguno de los dos partidos, especialmente la de Coalición por Melilla, que culpa a la Ciudad Autónoma de que haya niños viviendo en la calle. El asunto, ciertamente, es grave, pero los cepemistas obvian lo obvio, porque como todo el mundo sabe, los menores que están en esas condiciones es porque no quieren permanecer en el centro de acogida como el resto, y prefieren seguir intentando colarse en el barco para llegar a Europa como polizones. CPM sabe que con la Ley del Menor en la mano, no se les puede obligar a estar en el centro. Ojalá no fuera así, porque ahorraría muchos quebraderos de cabeza a las fuerzas de seguridad y a los propios melillenses, que no quieren que esos niños estén en esas condiciones ni sentir esa sensación de inseguridad que transmite la presencia de algunos de ellos en las calles.
Tampoco es comprensible que Ciudadanos esté en contra del posicionamiento lógico del Gobierno autonómico de reclamar más implicación al Estado en este problema, a no ser que las interpretara erróneamente, como parece que así ha sucedido. Imbroda no planteó una devolución de las competencias, sino una obviedad, y es que el problema de los menores a finales de 2016 en el que estamos no es el mismo, ni mucho menos, que el que había hace 20 años, cuando la Ciudad Autónoma asumió las competencias de protección de menores. Entonces eran muchos menos los niños que tenía que acoger la Administración melillense, de modo que la aportación económica del Estado estaba más ajustada a la realidad. Hoy en día, este fenómeno ha virado hacia una inmigración infantil más que evidente que ha desbordado los recursos disponibles que tiene la Ciudad Autónoma. No es para menos, con 580 menores a su cargo, que elevan el gasto público a más de diez millones de euros, de los cuales cerca de nueve los pagamos los melillenses y el resto, poco más de uno, el Estado. Ya hemos visto en ocasiones anteriores cómo otras comunidades han exigido al Gobierno central más dinero para seguir gestionando unas competencias que les cuestan más dinero del que reciben, sin que eso signifique renunciar a ellas. Aquí está ocurriendo lo mismo y Ciudadanos no debería criticar que desde Melilla se pida más dinero al Estado para atender a los menores, pues ese esfuerzo económico que hacemos los contribuyentes de esta ciudad impide atender otras necesidades o aspiraciones menos urgentes o prioritarias.
El tema de los menores es, claramente, un tema de ciudad en el que todos deberían ir a una y no por caminos divergentes si de verdad se quiere trabajar para encontrar una solución cuanto antes o, al menos, reclamarla ante el Estado con la mayor fuerza.
