El Desguace Mariguari fue el primero que ejerció esta actividad empresarial en Melilla abriendo sus puertas en 1978. Treinta y seis años en total, de los que los últimos ocho ha ejercido a duras penas al carecer de la licencia necesaria para operar como un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos al final de su vida útil (CAT). Esta licencia es necesaria para que las chatarreras puedan trabajar cumpliendo todo lo que ordena la legislación española tras la aprobación de una directiva europea en el año 2000, cuyo objetivo es prevenir la contaminación ambiental que este tipo de actividad empresarial puede generar. Ayer, la Asamblea de Melilla dio luz verde a uno de los primeros trámites necesarios para que el Desguace Mariguari obtenga esa licencia y esté, por lo tanto, más cerca de su continuidad empresarial. Ese primer trámite es, concretamente, la autorización de la Asamblea de Melilla para que este desguace familiar pueda ampliar la autorización para utilizar el suelo rural sobre el que se implanta con unos fines diferentes a la explotación de recursos naturales. Ese permiso urbanístico ya lo tenía desde diciembre de 2009, pero solo para ejercer como centro de recepción de vehículos al final de su vida útil, no para descontaminarlos, como puede hacer un CAT antes de desguazarlos.
Por lo tanto, la empresa de Abdelkader Hidou y Mari Carmen Rodríguez debía limitarse a ser un mero intermediario entre los particulares que vendían su coche para chatarra y el CAT de la empresa pública REMESA, el único en la ciudad que tiene esa licencia en la actualidad. Esta situación de monopolio acabará dentro de poco, cuando el Desguace Mariguari obtenga también esa anhelada autorización que cree que le corresponde por derecho al ser la primera empresa del sector que abrió sus puertas en Melilla.
Licencia urbanística
El primer paso lo dio ayer, cuando PP y Coalición por Melilla (CPM) votaron a favor de la propuesta de la Comisión de Fomento, Juventud y Deportes para que este desguace amplíe la autorización urbanística que ya tiene para usar el suelo rural para su actividad empresarial. Los otros dos partidos, PSOE y Populares en Libertad (PPL), se abstuvieron en este punto, que generó cierto debate entre Gobierno y oposición al considerar ésta que el origen del problema era una gestión del Ejecutivo en torno a este asunto años antes.
Así lo destacó el portavoz de CPM, Hassan Mohatar, que recordó que la Ciudad Autónoma dio luz verde al CAT de REMESA en 2001, que abrió sus puertas en 2005 tras una inversión cercana a los 3,8 millones de euros, a pesar de que había empresas privadas con arraigo y experiencia que se dedicaban a esta actividad que únicamente necesitaban que se les diera la autorización para convertirse en un CAT, tal y como se hizo en otros lugares del país. Sin embargo, lamentó que el Gobierno local “metiera la pata” creando su propio CAT con inversión pública, ya que esta empresa mixta no está resultando rentable.
Sin embargo, el consejero de Fomento, Miguel Marín, negó la versión cepemista al afirmar que si el Gobierno melillense creó el CAT es porque no había ninguna empresa en la ciudad con autorización para el tratamiento de vehículos y no se podía desatender a la población por el hecho de que el sector privado no pudiera ofrecer el servicio.
Además, defendió esta autorización al desguace Mariguari porque “es interesante y bueno para los intereses de los ciudadanos”, además de ser una “petición justa” porque es una empresa con más de 30 años de actividad en esa parcela de más de 3.800 metros cuadrados que está dedicada a uso rural y que está lejos de la zona residencial, de modo que no generará molestias a los ciudadanos como ocurriría en el Polígono Industrial, que era la opción que ayer defendía el diputado socialista, Dionisio Muñoz.
El representante del PSOE también mostró sus dudas acerca de este asunto porque, a su juicio, la autorización del uso de un suelo rural para fines diferentes “debe estar suficientemente justificado” y no por cuestiones de arraigo, máxime cuando en Melilla ya hay una empresa pública prestando ese servicio. De igual modo, dijo echar en falta un informe de la Consejería de Medio Ambiente al respecto, cuestión en la que más incidió el portavoz de PPL, Julio Liarte, en su turno de palabra.
Ahora, Medio Ambiente
En este sentido, Marín explicó que las consejerías de Fomento y de Medio Ambiente habían trabajado de forma coordinada en este asunto, aunque no pudieran tramitarlo de forma unida porque es imposible desde el punto de vista de la reglamentación de la Administración local. Así, una vez que el desguace tenga la ampliación de la autorización urbanística, aprobada ayer, ahora es el turno de Medio Ambiente, que analizará el proyecto para ver si cumple con lo recogido en la normativa aplicable, en cuyo caso le dará la licencia CAT.
