El Ejecutivo del Partido Popular, liderado por Juan José Imbroda, ha presentado unos presupuestos para 2026 que han sido objeto de críticas por su enfoque financiero y sus prioridades. Las decisiones sobre el aumento de la deuda, la carga fiscal sobre las familias y las inversiones en turismo han sido cuestionadas por su efectividad y alineación con las necesidades sociales de la ciudad.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla ha presentado un presupuesto que contempla un incremento del 0,5% en el Capítulo I, destinado al personal, cifra que contrasta con incrementos salariales históricos superiores. Este ajuste podría derivar en un déficit en el capítulo de personal, que podría necesitar financiamiento a través de deuda adicional o recortes en servicios esenciales.
El presupuesto también incluye un aumento significativo en la tasa de basura, que afectará a las familias, mientras que se destinan 4,5 millones de euros a bonificaciones turísticas sin un claro retorno económico. Además, se asignan fondos a convenios de empresas del juego.
La mayor parte del presupuesto se basa en transferencias estatales que aún están en fase de confección, lo cual podría comprometer la estabilidad financiera de la ciudad si estos ingresos no se concretan. El modelo turístico, centrado en bonificaciones al transporte, carece de indicadores públicos que demuestren su impacto positivo en la economía local.
La falta de medidas concretas para abordar problemas sociales graves, como la alta tasa de desempleo, el riesgo de pobreza y el índice de desigualdad, ha sido uno de los puntos más criticados. La percepción de una desconexión entre el Gobierno y las necesidades de los ciudadanos ha sido destacada por organizaciones como Nueva Melilla.
