Las penas judiciales, el terrorismo y los medios alternativos a la resolución de conflictos fueron los temas que se abordaron ayer en las XXII Edición de las Jornadas de Derecho 'Enrique Ruiz-Vadillo'. Entre los ponentes del primer día de las jornadas, estuvo el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Miranda, quien además de acudir a las jornadas, en la tarde de ayer acudió a la nueva sede del Ilustre Colegio de Abogados de Melilla (ICAM) para visitar las instalaciones, así como para reunirse con la Junta de Gobierno de la institución colegial. El presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Miranda, aseguró previamente a su ponencia en las XXII Jornadas Enrique Ruiz-Vadillo, que el terrorismo interior que ha sufrido España como puede ser el de ETA o los GRAPO "afortunadamente lo podemos dar por terminado". Sin embargo, no es así en el caso del terrorismo yihadista uno de los "nuevos retos" que está abordando la Audiencia Nacional junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En este sentido, el magistrado indicó que el terrorismo yihadista "es mucho más complicado" por la tendencia que posee este fenómeno a globalizarse, así como por su cultura y organización. Respecto a esto último, Miranda apuntó que el yihadismo tiene una "falta de organización" por lo que los atentados se pueden producir en cualquier punto por "lobos solitarios". Esto supone, según el magistrado, que este tipo de terrorismo no está llevado a cabo por personas que están coordinadas en una organización concreta, sino que "pueden ser adoctrinados fuera de sus países de origen y actúan de forma independiente", e incluso "son capaces de inmolarse", lo cual "dificulta" su seguimiento.
Por todo ello, explicó que los diferentes Estados de Europa y otros países como España están trabajando en "adelantar todas las barreras penales y policiales para evitar que se produzcan las funciones de adoctrinamiento". Y es que, tal y como afirmó el magistrado Internet es el instrumento que "juega el papel más importante en la difusión del terrorismo yihadista".
Miranda defendió el hecho de que sin esta herramienta "es mucho más difícil o imposible la forma de actuar del yihadismo", por ello cree que el "el control del Internet, respetando los derechos fundamentales de las personas, es una de las maneras más eficaces con las que podemos luchar".
De esta manera, el presidente de la Audiencia apoyó una de las figuras que introduce la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) al respecto de los 'agentes encubiertos', ya que "existen miles de páginas yihadistas en Internet y las redes sociales son un campo abonado para el adoctrinamiento", afirmó el magistrado. Con esta figura en Internet, junto a otras posibilidades de actuación policial, el juez sostiene que desde las instituciones "podremos adelantarnos y evitar este tipo de acciones con barreras policiales y judiciales".
A su vez, el magistrado aseveró que el consenso internacional "es fundamental", y en esta vía "se están dando grandes pasos". Con esto se refirió a algunas de las resoluciones del Consejo General de Naciones Unidas y directivas marcos de la Unión Europea que "luchan por igualar y uniformar toda la legislación contra el terrorismo y establecer una serie de medidas económicas y policiales".
La transacción, la conciliación y el arbitraje: medios alternativos de resolución de conflictos
Por otro lado, el catedrático de Derecho Civil de la UNED, Carlos Lasarte, que impartió la segunda ponencia de la mañana titulada 'El triunfo legislativo de los medios alternativos de la resolución de los conflictos', explicó que entre estas herramientas además de la mediación, que es una de las más utilizadas en estos momentos, siempre se ha utilizado "la transacción" entre los propios abogados, que es una figura con un largo recorrido histórico. Asimismo, recordó que la figura de la conciliación desde la perspectiva procesal es otro de los instrumentos "necesario" conforme a las leyes de enjuiciamiento en España, y que ahora mismo se están "intensificando". En este sentido, concretó que estos medios son aplicables en el ámbito civil, ya que a excepción de la conciliación están "muy limitados" en los asuntos penales.
En definitiva, todas estas herramientas, explicó Lasarte, cumplen un mismo objetivo, que es que la resolución de conflictos no siempre tenga que llevarse a cabo por la vía judicial, en especial, "por el notorio número de procesos" que ingresan al año, casi ocho millones. El catedrático advirtió de que con estas cifras aunque los tribunales consigan llevar a cabo parte, "siguen quedando siempre un remanente". Así, lamentó la impresión que da el hecho de que un 71% de estos ocho millones sean penales, lo que da lugar a pensar que "somos todos una panda de delincuentes", bromeó Lasarte.
